ubén Rocha Moya ha perdido fuerza en el entorno presidencial actual. No de otra manera puede entenderse el hecho de que la usualmente tortuguesca e ineficaz Fiscalía federal, a cargo de Alejandro Gertz Manero, esté suministrando veloces y puntuales reportes que colocan al gobernador de Sinaloa en circunstancias que deberían llevarlo a dejar el cargo.

Rocha Moya, en su momento defendido por el entonces presidente López Obrador, la electa Sheinbaum e incluso los gobernadores de la 4T mediante uno más de sus comunicados de instantaneidad maquinal, ha sido exhibido en un tema altamente sensible: el asesinato de uno de sus principales adversarios políticos (que había sido su aliado circunstancial), Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo y jefe del grupo dominante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al cual Rocha Moya ha dirigido golpeteo constante para tratar de arrebatarle el control de dicha casa de estudios.

El 11 de noviembre de 2021 fue electa en el Congreso sinaloense Sara Bruna Quiñónez Estrada, impulsada por el gobernador Rocha Moya para asumir la fiscalía estatal de justicia. El 16 de agosto del año en curso renunció al cargo, aunque le restaban cuatro años de ejercicio, debido a que un día antes la fiscalía federal gertziana había señalado graves inconsistencias en el reporte forense y en un escandaloso video que supuestamente mostraba que Cuén Ojeda había sido asesinado en una estación gasolinera, muchas horas después de que hubiese sido ejecutado en el aún impreciso contexto de la salida del país de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, junto con Ismael Zambada, El Mayo.

De manera natural, las miradas se centraron en el gobernador Rocha Moya por el muy rudo conflicto que sostenía con Cuén Ojeda. Luego, al ver el torpe montaje del video y el reporte de su protegida y virtual subordinada, la fiscal Quiñónez, la especulación subió de tono hasta llegar al golpe seco de la FGR propinado este domingo, al confirmar que lo dicho por Zambada, en cuanto al asesinato de Cuén, era cierto, y lo presentado por Quiñónez, a quien Rocha Moya tutorialmente recomendó renunciar, fue un montaje absoluto.

Sinaloa vive una narcoguerra (los Mayitos contra los Chapitos) que mantiene en crisis a la entidad, particularmente a la capital, Culiacán, y que comienza a extenderse a otras partes del país, con alianzas entre facciones que buscan recomponer a sangre y fuego el mapa nacional del crimen organizado. Rocha Moya sobrelleva su marginalidad con base en declaraciones y actos protocolarios, mientras en Palacio Nacional se valora el tamaño de la crisis y la responsabilidad del insostenible gobernador montajista.

El presunto chistorete ya está muy gastado pero, por desgracia, conserva una actualización tan cíclica como amarga: ¡Sentencian a ex presidente de la república por corrupción en caso Odebrecht!, reza la primera parte del enunciado, a la que de inmediato se acota para precisar al emocionado lector que la condena judicial no se refiere a su propio país ni al ex presidente o ex mandatarios en quienes estuviera pensando.

Así, puede verse desde México, en esta ocasión, al conocerse que en Perú ha sido sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel Alejandro Toledo Manrique, quien ocupó la presidencia de la república de 2001 a 2006, y ahora ha sido declarado culpable (aunque tiene la posibilidad de apelar) de delitos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht, que tuvo similares relaciones con mandatarios de otros países.

En México no ha sido posible llegar a condenas parecidas, ni siquiera aproximadas. Enrique Peña Nieto, cuya campaña electoral de 2018 tuvo acusaciones de financiamiento delictivo, sigue siendo un intocable. Emilio Lozoya Austin, que trianguló recursos sucios para esa campaña (y se quedó de paso con su importante porción monetaria), sigue metido en un embrollo judicial y de intereses políticos que conforme pasa el tiempo va erosionando la esperanza de que haya justicia. ¡Hasta mañana!

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