a intención del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de constituir una empresa constructora propia ha suscitado la oposición de los representantes patronales, del sindicalismo charro e incluso de instituciones financieras. La representante obrera ante el instituto, Claudia Esqueda Llanes, calificó el intento de subsanar la grave crisis de vivienda como un giro regresivo y poco aconsejable, mientras el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, coincidió en que sería una regresión y llamó a aprovechar la competitividad del sector especializado. Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, dijo que la construcción de vivienda debe ser una actividad rentable que lleve a cabo la iniciativa privada, no el gobierno. Este directivo ha sido insistente en su resistencia a la participación pública: en abril pasado aseguró que no existe alguna falla en el sector habitacional y de la construcción que justifique que el Infonavit intervenga en el desarrollo de vivienda en México.

Las motivaciones de estos personajes y de los organismos a los que representan son, por demás, transparentes: defienden el pingüe negocio de la construcción de vivienda y del crédito hipotecario, así como el poder político y económico derivado de controlar a cientos de miles de trabajadores. Se entiende, por ejemplo, que Esqueda Llanes, subsecretaria de Relaciones de la CTM y militante priísta por cuatro décadas, tema perder agremiados ante las mejores condiciones laborales que ofrece el sector público. Asimismo, los magnates de la construcción y los banqueros quieren conservar su monopolio sobre el desarrollo y la comercialización inmobiliaria. En suma, desean prolongar el modelo neoliberal en que el Estado corre con todos los costos y los privados se apropian de todas las ganancias, como delata Esqueda al plantear que el Infonavit financie directamente a las empresas constructoras.

Dichos argumentos, comunes y previsibles, son igualmente inaceptables en tanto chocan de manera frontal con el derecho humano a la vivienda al pretender que los hogares sigan siendo vistos como mercancías sujetas a los caprichos del mercado, en vez de como necesidades que deben ser cubiertas para garantizar una vida digna. Contra lo que afirma el economista jefe del banco más grande que opera en el país, el sector privado habitacional y de la construcción es tan disfuncional que, de los 900 proyectos activos en la capi-tal del país en 2023, sólo 69 ofrecían inmuebles de menos de 2.2 millones de pesos. De manera más contrastante: mientras el precio promedio de la vivienda que el mercado ofrece en la Ciudad de México es de 4.7 millones de pesos, el consumidor promedio sólo puede pagar 1.2 millones, y la mayor parte de la demanda es de unidades que vayan de 450 mil a 850 mil pesos. Los datos anteriores no provienen de fuentes gubernamentales, sino de una consultora privada. La evidencia de que privilegiar el lucro sobre la satisfacción de necesidades genera verdaderos dramas humanos y catástrofes sociales está en el hecho de que cada año 100 mil personas son expulsadas de la CDMX por la imposibilidad de pagar una vivienda. Al deterioro de su calidad de vida por las largas distancias que deben recorrer para llegar a sus centros de estudio o trabajo, se suma que 20 por ciento de estos damnificados del mercado inmobiliario termina asentándose en suelo de conservación, por lo que el medio ambiente es una víctima más de un sector que, supuestamente, no tiene falla alguna.

Más allá de la forma que tomen finalmente los proyectos de los gobiernos federal y capitalino para solucionar la crisis de acceso a la vivienda que afecta a millones de mexicanos, está claro que el sector privado ni quiere ni puede atender esta problemática, pues durante las décadas en que ha tenido la exclusividad de la construcción habitacional ignoró por completo las necesidades de los trabajadores y se dedicó al enriquecimiento propio. Así como nadie cuestiona la prerrogativa de las empresas para perseguir ganancias, éstas no pueden interponerse en el deber del Estado de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.