El magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata perfila confirmar el acuerdo del INE por el que aprobó reformas y adiciones a su reglamento de sesiones, en el que se establece que durante el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros, el Consejo General se integrará únicamente por consejeros comiciales y una secretaria ejecutiva.

Lo anterior significa que representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo no podrán participar en las actividades y sesiones relacionadas.

Ante las suspensiones provisionales que han otorgado jueces federales para que el INE detenga el proceso que arrancó el pasado 23 de septiembre, fuentes del instituto reiteraron que el asunto está siendo analizado por la Dirección Jurídica, la cual enviará su análisis a los 11 consejeros para tener una determinación colegiada.

Sobre el acuerdo relacionado con el reglamento de sesiones, aprobado el pasado 19 de septiembre, en el proyecto de De la Mata –que se discutirá en la próxima sesión de la sala superior– se señala que fue impugnado por el PAN y MC, al considerar que vulnera los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad. Sin embargo, la ponencia del magistrado advierte que dichos planteamientos resultan infundados e inoperantes.

Los partidos alegan, entre otras cosas, supuesta falta de fundamentación y motivación, al considerar que el Consejo General del INE pretende convalidar la exclusión de las representaciones populares del referido órgano electoral de manera arbitraria.

En otro asunto, De la Mata también propone revocar una parte de la sentencia de la sala regional especializada, en la que se declaraba existente la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción personalizada del ex presidente López Obrador, por las expresiones hechas en las conferencias matutinas del 20 y 21 de mayo pasado, en el contexto del proceso electoral federal.

Y confirma vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, atribuidas tanto al ex mandatario federal, al director general del IMSS, Zoé Robledo, y al ex secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la mañanera del pasado 20 de mayo.