Por unanimidad, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer, sin cambios, la minuta con la reforma que reconoce desde la Carta Magna a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La minuta fue turnada a la mesa directiva de esa Cámara para que en la sesión de este martes se presente en primera lectura y se pueda votar ante el pleno mañana.

Con la reforma se salda una deuda centenaria con los pueblos indígenas y afromexicanos que han sufrido 500 años de exclusión, de heridas abiertas que deben restañarse, resaltó la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández, al presentar el dictamen.

Por su parte, la titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, destacó que con las modificaciones se recogen temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos originarios y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre éstos y el Estado mexicano.

Derechos garantizados

La senadora Hernández expuso que se reconoce la identidad cultural de los pueblos originarios, sus formas de vida, expresiones espirituales, la biodiversidad que integran su patrimonio material y se introducen aspectos novedosos, como la protección de la propiedad intelectual colectiva y reforzar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y con igualdad sustantiva en la toma de decisiones de sus comunidades.

Al respecto, Alejandro Murat, de Morena, destacó que la gran propuesta de esa reforma es que se reconoce a los pueblos y comunidades originarias como sujetos de derecho público y esa es la gran revolución, toda vez que podrán exigir al Estado estos nuevos derechos que les da la Constitución.

Respondió así al panista Ricardo Anaya, quien sostuvo que si los nuevos derechos no se aplican de manera adecuada las acciones afirmativas producen un efecto contrario, rechazo de la población hacia quienes son objeto de la acción afirmativa y ahí es donde entran las cláusulas de temporalidad, la transición de políticas que pasan de estar basadas en criterios étnicos a criterios socioeconómicos.

Los senadores del blanquiazul Mayuli Latifa Simón y Gustavo Sánchez, así como las priístas Anabell Ávalos y Mely Romero, coincidieron en que se trata de una gran reforma, pero advirtieron que es necesario que haya un presupuesto suficiente para que pueda aterrizar y que los derechos establecidos se plasmen en las leyes secundarias.

A nombre del PT, la senadora Liz Sánchez García, resaltó que se establece el derecho a una consulta libre, previa, informada y de buena fe como un mecanismo clave para garantizar que cualquier decisión que pueda impactar a los pueblos indígenas y afromexicanos sea tomada con su consentimiento y participación activa.

Asimismo, la senadora de Morena, Susana Harp se congratuló con esa reforma, ya que reconoce la diversidad y pluriculturalidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.