La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aceptó a trámite tres nuevas consultas planteadas por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), y las turnó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa para que haga un pronunciamiento de cuál es el procedimiento a seguir, particularmente respecto de la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los impartidores de justicia y se les designe por voto popular.

Con estas consultas a trámite de supuestos que buscan la manera jurídica para revertir o suspender los efectos de la reforma judicial, cuyo decreto se publicó el pasado 15 de septiembre, ya suman seis casos, tres para el análisis de Esquivel Mossa; dos a la ministra Lenia Batres Guadarrama y una a Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Según información difundida por la SCJN, una consulta a trámite se acepta en caso de que no exista un procedimiento claramente definido para atender algún asunto que ingrese a la Corte, la persona presidente designa a una ministra o ministro para que lo analice y proponga al pleno de la propia Corte el trámite o procedimiento que deba seguirse, con el fin de que éste determine lo conducente.

El jueves, la ministra Lenia Batres señaló respecto a las consultas: mi impresión es que la ministra (Norma Lucía) Piña no quiere desechar ella directamente temas de los que no tenemos facultad y quisiera generar esta posibilidad de que se explore si tenemos o no facultades, que no sea ella la que lo decide.

En los tres recursos, de los cuales se dio a conocer ayer su aceptación por parte de la ministra Piña Hernández a través de su lista de notificaciones, los juzgadores le piden una consulta para que se analice la constitucionalidad del decreto de la reforma judicial, si se vulnera el principio de división de poderes y en particular la autonomía de uno de los poderes de la Unión, así como la esencia de la República.

En una tarjeta informativa la Corte señala que los días 11, 17 y 18 de septiembre recibió cuatro escritos por parte de titulares de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, así como de secretarios de tribunal, relacionados con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial.