l 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Paz, de acuerdo con lo decretado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas desde 1981. Actualmente, vivimos en un contexto nacional e internacional donde la guerra, la violencia y los actos de agravio a los derechos humanos (entre otros tantos) permean nuestra vida cotidiana, por lo que pensar en escenarios donde predomine la justicia y la paz se convierten en utopía en esta coyuntura mundial.

Ante ello, es importante reflexionar sobre cómo transformamos y/o construimos condiciones donde estas utopías se vayan convirtiendo en realidades no sólo para unas cuantas personas o territorios, sino para toda la humanidad.

En ese sentido, ¿cómo podemos pensar y accionar colectivamente en estos imaginarios posibles? ¿Cómo recuperamos la esperanza en que otros mundos sí son posibles? ¿Cuáles son los elementos de las luchas de colectividades de víctimas que nos brindan esos caminos por donde podemos acompañar? ¿Cómo nos rearticulamos y avanzamos colectivamente en una dinámica estructural que cada vez es más individualista, avasallante y acelerada? Cuando hablamos de paz nos referimos a analizarla no sólo como un estado de ausencia de conflicto, violencia o guerra, sino que tenemos que vincularla con la justicia social y los derechos humanos desde la perspectiva de la búsqueda de condiciones de vida digna, equitativas y de respeto para todas las personas. Por lo que implica incorporar los distintos sectores de la sociedad para que el gobierno, en el ámbito de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, pueda abonar a la transformación estructural de las condiciones que integran la vida digna.

Por un lado, esto conlleva a una revisión del actuar de las instituciones encargadas de proteger la vida colectiva en los distintos niveles. Por otro, nos invita a reflexionar cómo podemos organizarnos quienes estamos afuera de los órganos de gobierno para construir la paz en nuestros territorios cuando el Estado no logra proteger la vida y ante un panorama donde el crimen organizado, ciertos agentes de la estructura gubernamental y la violencia generalizada, reprime y persigue las formas organizativas de base.

En este tenor, sería importante analizar si las modificaciones legislativas e institucionales realizadas hasta el momento atienden a transformar el contenido y el fondo, mas no sólo en la organización y la forma.

Si bien, nuestro sistema político y judicial mexicano requiere de cambios en distintos niveles y ámbitos, habrá que revisar de qué manera atiende a largo plazo la crisis de institucionalidad y de derechos humanos en el país. No podemos pensar en formar parte de mecanismos que atienden a la ciudadanía, cuando ésta padece desaparición forzada, es injustamente encarcelada por razones políticas, se le obliga a desplazarse por el resto del país para resguardarse de las balas o, en el peor de los casos, es asesinada por las balas disparadas que el Estado no pudo prevenir.

Por tanto, las acciones deben estar orientadas a atender de forma integral y con enfoque de derechos humanos las nece-sidades de quienes viven día a día las problemáticas donde estén presentes las nociones de interdependencia y progresividad para que los derechos recuperados a través de las luchas y procesos gestados desde las bases no se pierdan. Asimismo, recuperar las experiencias desde la historia de los movimientos sociales de base, tanto de nuestro país como de otros territorios latinoamericanos, que abonen a encontrar claves a escala regional para avanzar en la construcción de paz.

No se puede hablar de paz sin derechos humanos ni justicia social, pero, sobre todo, no podemos hacer realidad la paz mientras la violencia, las balas y la guerra continúen matando a las perso-nas que habitan este mundo en comunidad.