El consejero jurídico y de servicios legales, Néstor Vargas Solano, reconoció que la mesa de atención especial para casos de despojo no funcionó, esto, en un contexto en el que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) recibió más de 21 mil denuncias por este delito en el sexenio, de los cuales apenas uno de cada 100 casos de bienes robados fueron restituidos a sus dueños.

El funcionario compareció ante diputados del Congreso capitalino que le preguntaron sobre el actuar de la dependencia en el combate a dicho delito, con lo que recordó que el año pasado fue instaurada una mesa interinstitucional con las representaciones de la fiscalía, del Registro Público de la Propiedad, el Tribunal Superior de Justicia, Patrimonio Inmobiliario, entre otras, donde se evaluaban los casos.

“Es una mesa que desafortunadamente no funcionó, también por las propias inercias de las dependencias. Mea culpa, no hubo la posibilidad de poder avanzar con esa mesa.

Yo creo que se podría avanzar con la voluntad de todas y cada una de las instituciones de abordar el tema de los despojos, es un problema que se tiene que atacar con cada una de las dependencias involucradas, incluidos los vecinos.

El 12 de agosto, La Jornada publicó que según datos de la FGJ, 1.4 por ciento de las carpetas de investigación por despojo han sido judicializadas y sólo 1.2 de los bienes han sido restituidos a sus dueños.

Notarios involucrados

Vargas explicó que en este delito también están involucrados jueces y notarios públicos, incluso reveló que los de provincia “tienen malas prácticas. Cuando llega algún caso de los fraudes procesales o despojos, muchas de las ocasiones no son los notarios de la Ciudad de México, son los de provincia que no tienen la rigurosidad de nuestros notarios.

Hay mucha simulación de juicios donde el tipo penal que se actualiza es el fraude procesal, al hacer referencia a la presentación de pruebas falsas ante los juzgadores, como contratos de compraventa avalados por notarios.

Comentó que en la capital hay 250 notarios y se reportan 171 quejas contra ellos. Ante los legisladores, dijo que la ley local que los rige es muy intrincada, hay que meterle mucha mano para vigilar que los notarios no formen parte de irregularidades.

Para sancionar a uno administrativamente es muy complicado y va escalonadito: primero una amonestación, luego otra, luego otra; es decir, revocarles la patente es casi imposible, aunque prometió hacer públicos los nombres de quienes han sido sancionados a fin de que los ciudadanos sepan quiénes son y decidan si los contratan.