Más de 20 organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec presentaron un informe sobre las agresiones que han recibido personas y comunidades defensoras de la tierra por las obras del proyecto del Corredor Interoceánico en esa región.

En el documento relatan de viva voz las violaciones que han sufrido entre mayo de 2021 y mayo de 2024, identificando 72 ataques y 226 agresiones clasificadas en 27 categorías de violaciones, entre las que se incluyen agentes particulares y funcionarios del Estado, federales, estatales, municipales y locales. Acusaron que no hay respeto a las comunidades indígenas y que es mentira que busquen ayudarlos con este megaproyecto.

De las agresiones documentadas, apuntan que 67 fueron de intimidación, 64 de hostigamiento, 22 amenazas, 16 agresiones físicas, 11 daños a la propiedad, siete actos de difamación, cinco detenciones arbitrarias y cuatro vinculadas a la estigmatización, tres fueron desalojo forzoso, otros tres desplazamiento forzoso, desaparición, robo y hasta homicidio.

Del 25 al 27 de julio de 2023, esta misión civil de organizaciones llevó a cabo la investigación para documentar las agresiones ejercidas contra comunidades defensoras de la naturaleza y el territorio, que en su mayoría son indígenas, frente a la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de ­Tehuantepec.

Resultado de este recorrido es el informe, el cual evidencia la alarmante e inaceptable situación de violencia que enfrentan las comunidades indígenas y personas defensoras en esa región, señala el propio reporte, además de que busca mostrar la falta de un entorno seguro para la defensa ambiental.

En la presentación del documento en el Centro Prodh, los ponentes, tanto afectados como académicos, denunciaron que este proyecto del gobierno federal generó una evaluación de impacto ambiental viciado, pues aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó la manifestación de impacto ambiental, se carece de accesibilidad.

Aunado a ello, apuntaron que existen afectaciones ambientales a sus comunidades por la construcción de red eléctrica, gasoductos, parques industriales y carreteras, pues ha ocasionado la tala de árboles y daños a especies de flora y fauna endémicas.