l presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su satisfacción por la caída en el índice de pobreza laboral. Éste se ubica en 35.8 por ciento, el nivel más bajo desde que en 2009 comenzó el registro del número de hogares con ingresos laborales suficientes para costear la canasta básica. En contraste, dicho indicador llegó a 40.5 por ciento en el calderonato y a 42.5 por ciento en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual muestra que no sólo se abatió esta forma de carencia, sino que se cortó una racha alcista heredada de las anteriores administraciones.
La pobreza laboral es una estrechez indignante, por cuanto no puede achacarse a la falta de voluntad de los individuos para salir adelante, sino a la mezquindad de los patrones o a modelos de negocio fallidos que no permiten crear empleos en condiciones de respeto a los derechos humanos. Por ello, la reducción en el porcentaje de mexicanos cuyos ingresos provenientes del trabajo no alcanzan para costear sus necesidades mínimas es digna de celebrarse y debe dar pie al reforzamiento de las políticas favorables a los obreros, quienes constituyen la inmensa mayoría de los agentes económicos.
Sin embargo, la caída de este indicador no es la única noticia positiva en materia de combate a la pobreza. Entre 2018 y 2022, cada día 3 mil 800 personas superaron la pobreza por ingresos, un verdadero hito si se considera que a lo largo de toda una década mil 700 personas caían en esa situación cada 24 horas. Estas cifras no son producto de la casualidad, sino de la determinación de las autoridades para dignificar el salario y rescatar el poder adquisitivo que se perdió como resultado de la perversa contención de los sueldos dictada por sucesivos gobiernos neoliberales.
Al llevar el salario mínimo de 88 a 249 pesos diarios (de 2 mil 687 a 7 mil 468 pesos mensuales), la autodenominada Cuarta Transformación rompió con 24 años de reducción salarial en términos reales y, lo que es más importante, sepultó el mito de que incrementar el salario desataría consecuencias catastróficas para la economía, desde una hiperinflación hasta la huida en masa de empresas productivas. Los augurios de los presuntos expertos quedaron exhibidos como mera propaganda dirigida a elevar las ganancias empresariales a costa de millones de trabajadores, pues en este periodo, lejos de una fuga de capitales, se ha registrado la inversión extranjera directa más alta de la historia.
Por último, cabe mencionar que las ocho agencias que evalúan la deuda pública mexicana confirmaron su grado de inversión, es decir, informan a sus clientes que no hay razones para temer que el país falte a sus compromisos financieros. Este visto bueno
es particularmente significativo porque algunas de esas calificadoras usan su poder para chantajear a los estados a fin de que adopten políticas serviles hacia los grandes capitales, a las que se ha negado el actual gobierno federal. El ejemplo más notorio son las presiones para avanzar en la privatización de Pemex y la CFE, y el hecho de que se mantenga el grado de inversión sin ceder soberanía muestra que es factible mantener de manera simultánea el equilibrio macroeconómico y los intereses nacionales estratégicos.
En conjunto, estos datos comprueban que el neoliberalismo nunca fue la respuesta a los graves rezagos que padece buena parte de la población mexicana. Por el contrario, los ahondó al desviar recursos públicos a manos privadas e institucionalizar la transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Falta mucho por hacer para garantizar una vida digna a la totalidad de los habitantes, pero hoy está claro que el regreso de ese modelo depredador sería una condena para las mayorías.
