El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó ayer un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a aplicaciones de redes sociales y exige a los de 14 y 15 años obtener el consentimiento paterno, lo que les protegerá de los riesgos en línea para su salud mental, según sus partidarios.

La medida obliga a dichas plataformas a cancelar las cuentas de los menores de 14 años, así como la de los de 15 y 16 que no tengan consentimiento paterno. Además, exige que utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar que los chicos ingresen.

Las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras, afirmó DeSantis en un comunicado, tras enfatizar que la legislación da a los padres una mayor capacidad para proteger a sus hijos.

Los partidarios de la norma han dicho que la ley detendrá los efectos nocivos de las redes sociales en el bienestar de los niños que utilizan estas plataformas en exceso y pueden experimentar ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales.

Por otra parte, el juez de distrito en San Francisco Charles Breyer, desestimó la demanda de X contra un grupo sin ánimo de lucro que ha criticado el aumento de la incitación al odio en la red social antes conocida como Twitter desde que Elon Musk se hizo cargo de ella.

Breyer concluyó que era evidente que X demandó al Centro para Contrarrestar el Odio Digital porque no le gustaban sus críticas y temía que su investigación dañara la imagen de X y ahuyentara a los anunciantes.

Por otra parte, en la Unión Europea (UE) los reguladores de defensa de la competencia del bloque abrieron las primeras investigaciones en virtud de la Ley de Mercados Digitales sobre Apple, Google de Alphabet y Meta Platforms por posibles infracciones de la emblemática normativa tecnológica en ese continente.

El organismo investigará las normas de Alphabet sobre la dirección en Google Play y la autopreferencia en Google Search, las normas de Apple sobre direccionamiento en su tienda de aplicación la pantalla de elección de Safari y el modelo de pago o consentimiento de Meta.

La ley, en vigor desde el 7 de marzo, obliga a seis guardianes de acceso a cumplir directrices que garanticen la igualdad de condiciones para rivales y ofrezcan más opciones a los usuarios. Las infracciones podrían ser de hasta 10 por ciento de la facturación anual global de las empresas.