A contracorriente de la mayoría de sus compañeros de Morena, Fernando Espino de la Peña y Nancy Sánchez Arredondo promueven un acuerdo a fin de que el Senado exhorte al presidente Andrés Manuel López Obrador a ampliar el plazo para la prohibición del uso, adquisición e importación del glifosato, que vence el próximo día 31 de este mes.

A su juicio, de no ampliar el periodo de transición, habrá consecuencias económicas significativas para los agricultores mexicanos, y afectará la seguridad alimentaria.

El año pasado los senadores Espino y Sánchez Arredondo, ésta última presidenta de la Comisión de Agricultura, lograron frenar la iniciativa de su compañera de bancada Lilia Margarita Valdez, que pretendía llevar a la ley la prohibición del uso de glifosato y otros pesticidas tóxicos, establecida en el decreto presidencial.

Siguen con el tema y tienen listos ya un punto de acuerdo, agendado para presentarse hoy ante el pleno del Senado, a fin de impedir que se concrete la erradicación del glifosato a fines de este mes, según se estipula en el decreto presidencial.

Los senadores proponen también que la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), Elena Álvarez-Buylla, rinda un informe pormenorizado sobre las investigaciones científicas, desarrollos e innovaciones tecnológicas que permitan sustentar las alternativas al glifosato que han propuesto.

Sostienen que ninguna de las 15 alternativas al uso del glifosato ex-puestas por Conahcyt presenta evidencia científica que pruebe su viabilidad como sustitutos de ese pesticida de probada efectividad.

En el texto, los senadores de Mo-rena retoman los argumentos esgrimidos por las trasnacionales pro-ductoras de ese plaguicida, entre ellas, que no está demostrado que su uso represente riesgos a la salud de las personas ni impacto al medio ambiente, como se establece en un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Los senadores sostienen que la prohibición total del glifosato acarrearía “consecuencias económicas significativas para los agricultores mexicanos que dependen del plaguicida para mantener la productividad de sus tierras y la capacidad de competir. Se aumentaría, aseguran, los costos de producción y se reducirían sus rendimientos. En México ese plaguicida participa en 45 por ciento del mercado de herbicidas y ha cobrado gran relevancia por sus resulta-dos efectivos.

Insisten en que de no modificarse el plazo establecido para el próximo día 31 para la prohibición del uso e importación del glifosato, se afectará la seguridad alimentaria, al comprometer la capacidad de producción en el país y, con ello, incrementar el riesgo de aumento de precios en los productos del campo al depender de la importación de otros países.

Hacen notar que dado que el glifosato está permitido para uso agrícola en Estados Unidos, Europa, Brasil y Argentina, entre otros de relevancia agrícola, los cultivos que se importen para compensar los menores rendimientos de la producción nacional, tendrán una alta probabilidad de haber sido tratados con el herbicida.