l 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más importantes de su gobierno al hacer valer los derechos de la nación sobre el petróleo, como establecía la Constitución. La expropiación petrolera fue la culminación de una larga batalla entre las compañías, en manos de empresarios estadunidenses, ingleses y holandeses, con el Estado mexicano.

Las empresas petroleras se negaron a acatar el artículo 27 constitucional, que restableció la soberanía de la nación sobre el subsuelo. Con el apoyo de sus gobiernos, presionaron para que no se aplicara ese artículo retroactivamente y que se mantuvieran las concesiones a perpetuidad que habían obtenido durante la dictadura de Porfirio Díaz. Las empresas se ampararon en los tribunales mexicanos; los jueces les otorgaron amparos con los que se frenó la aplicación del artículo 27 en materia de petróleo durante 20 años.

El petróleo se había convertido en el principal combustible industrial. En México, su explotación comenzó hacia fines del siglo XIX y se incrementó en las primeras dos décadas de la nueva centuria. La legislación virreinal había establecido que tanto la tierra como el subsuelo eran propiedad de la corona española. Con la Independencia, pasaron a ser propiedad de la nación. Sin embargo, durante el porfiriato se dispuso que los dueños de la tierra eran también dueños del subsuelo y se les otorgaron concesiones a perpetuidad. Esas facilidades atrajeron a varias de las más importantes petroleras estadunidenses y europeas que se establecieron en las Huastecas, en Tampico y Veracruz.

En 1901 la producción de crudo fue de 10 mil 245 barriles anuales. En 1910 superó 12.5 millones y en 1920 se produjeron más de 193.5 millones. México se convirtió en uno de los principales países petroleros del mundo; nuestro petróleo fue estratégico para que los países aliados ganaran la Primera Guerra Mundial.

En 1912, Francisco I. Madero decretó un impuesto de 20 centavos por tonelada de crudo, lo que provocó el rechazo de las petroleras. Venustiano Carranza emitió un decreto en enero de 1915 con el fin de evitar que los beneficios de la producción petrolera fueran sólo para las empresas. Prohibió que se siguieran construyendo pozos y exigió que pagaran impuestos.

El Congreso Constituyente de 1916-1917 aprobó un artículo 27 con profundo sentido nacionalista, que restableció la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. Se facultó al Ejecutivo para declarar nulas todas las concesiones y sustituirlas por otras nuevas; 80 empresas se ampararon y lograron que el Poder Judicial les diera la razón, declarando que el artículo 27 no podía ser retroactivo. Carranza optó por legislar a través de decretos y, en abril de 1917, estableció un impuesto de 10 por ciento de su valor a la producción de petróleo. Washington exigió la derogación de ese impuesto, pero Carranza no cedió. Inició así una batalla que duraría 20 años para hacer realidad el artículo 27 sobre petróleo.

Durante la década de 1920 continuó la batalla por hacer cumplir el artículo 27 constitucional. En el gobierno de Álvaro Obregón, las empresas siguieron resistiéndose a perder sus privilegios. Estados Unidos condicionó el reconocimiento al gobierno de Obregón si firmaba un tratado de amistad y comercio y se comprometía a que no se aplicara el artículo 27 de manera retroactiva. Obregón rechazó el tratado, pero tuvo que ceder ante las empresas, que seguían amparadas en los tribunales mexicanos y sólo logró que renovaran sus concesiones.

En noviembre de 1925 finalmente se aprobó la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo. La ley aceptó la no retroactividad, pero revocó la perpetuidad de las concesiones y las limitó a 50 años. Los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra protestaron; las empresas declararon que no acatarían la ley. Se ampararon de nuevo. La Suprema Corte falló que la ley era anticonstitucional al revocar las concesiones a perpetuidad.

En 1934, Cárdenas decidió hacer valer los principios de la Constitución de 1917. En 1936 se aprobó la Ley de Expropiación, que autorizaba al gobierno a expropiar por causa de utilidad pública. Cárdenas promovió la organización de campesinos y trabajadores y obtuvo un enorme respaldo popular que le permitió encarar el desafío de las empresas petroleras.

En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Un año después presentó a las empresas un proyecto de contrato colectivo que establecía un aumento salarial y mejores prestaciones. Las empresas rechazaron las demandas. El 28 de mayo de 1937 el sindicato estalló la huelga. El gobierno propuso una comisión de expertos para analizar la situación financiera de las empresas. Su dictamen concluyó que sí podían pagar las demandas de los obreros. Las empresas lo rechazaron y ofrecieron pagar sólo la mitad de lo que pedían los trabajadores.

La Junta de Conciliación emitió otro dictamen en diciembre que ratificó el anterior. Las empresas se ampararon ante la Corte en febrero de 1938, pero esta vez ésta, a diferencia de lo que había hecho en los 20 años previos, les negó el amparo y emitió un segundo laudo que fue rechazado por las empresas.

Ante el desacato de las empresas a la Corte, Cárdenas decidió expropiarlas. El 10 de marzo de 1938, pidió al general Francisco J. Mújica que redactara un manifiesto al pueblo de México explicando esa trascendental decisión. Cárdenas escribió en su diario el 18 de marzo: A las 22 horas di a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha aprovechado para mantener al país dentro de una situación humillante. Esa decisión sería fundamental para el desarrollo de México.

*Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México