Mujeres activistas en defensa del agua y de la tierra demandaron un protocolo de atención de violencia política de género que se enfoque a los barrios y pueblos originarios, donde, reconocieron autoridades, permean prácticas machistas y misóginas.

Ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el grupo de mujeres que se manifestó de forma pacífica y con carteles, expuso que las mujeres originarias de dichos pueblos se encuentran en estado de indefensión y riesgo ante una operación política encabezada por las alcaldías.

“Defendemos el agua, nuestros bosques, cerros, canales y mantos acuíferos, pero la política que permea es darle derecho a la vivienda, que no estamos en contra, pero nos despoja sin mayor consulta contra nosotras las mujeres.

Y cuando queremos defender todo eso, recibimos amenazas de hombres que nos dicen que no podemos ejercer nuestro derecho. Las mujeres originarias no recibimos el mismo respaldo que puede tener un operador político, un operador que anda acarreando el voto o que anda llevando a las manifestaciones, denunció María del Carmen Chavarría Maya, representante de Iztapalapa.

Frente a la fiscal electoral de la Ciudad de México, Alma Sarayth de León Cardona, Chavarría Maya dijo que existen al menos cuatro denuncias penales que involucran a personas ligadas al gobierno, cuyos expedientes se encuentran perdidos en la fiscalía.

Al respecto, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, reconoció que la institución no cuenta con un área de atención especializada en pueblos y barrios; en tanto, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, apuntó que en esas zonas es donde se ejerce más violencia y mucho menos visibilizada está.