A pesar de ser la responsable de coordinar el Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sigue sin cumplir su compromiso de convocar a encuentros con autoridades ni presentar avances, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) en una carta entregada el jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, dijeron, la ex titular de la STPS y ahora secretaria de Gobernación (SG), Luisa María Alcalde, en lugar de reunirse con las comunidades afectadas ha tenido encerronas con Grupo México para negociar.

En la misiva entregada al mandatario durante su visita a esa entidad del norte, las comunidades afectadas por el derrame tóxico de 2014 en el río Sonora, considerado el peor desastre ambiental minero en el país ocasionado por Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, realizan un balance con siete puntos en los que señalan las mentiras e incumplimiento de las autoridades al plan de justicia.

Acusaron que la información presentada por la titular de SG respecto a que hay un hospital de especialidades para atender a los afectados es errónea, ya que mencionó un nosocomio en Cananea; sin embargo, el hospital planeado se encuentra en Ures, y sigue en obra negra.

Los comités, que agrupan a habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures y Bacanuchi, entre otras, rechazaron que reciban atención médica especializada por los metales pesados que hay en la sangre de la población. Denunciaron que la Secretaría de Salud de Sonora ha sido insensible, debido a que envía a los enfermos a hospitales donde no nos pueden brindar atención especializada en toxicología. La Secretaría de Salud de Sonora, afirman, ha mentido en juzgados y sigue siendo omisa.

Apuntaron que niños, jóvenes y adultos seguimos tomando agua contaminada, ya que pese a que el gobierno de Sonora se comprometió en 2023 a entregar al menos seis de las 36 plantas potabilizadoras, únicamente hay una, e inconclusa.

Respecto a la reunión de la SG con Grupo México, de Germán Larrea, afirmaron que incluso las demás autoridades involucradas no saben de qué se trató ni cuáles son los siguientes pasos para que paguen por los daños.

Esos diálogos a puerta cerrada con la firma de uno de los hombres más ricos del país nos parecen muy graves, sobre todo cuando a las comunidades la secretaria Alcalde no nos ha recibido, reclamaron.