La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación por los daños ocasionados a la infraestructura de la línea 12 del Metro tras la caída de entre dos toneladas a dos y media de material de construcción y lodo –según reportes del gobierno capitalino– en la interestación Eje Central-Parque de los Venados, que incluso afecto a un tren, por lo que el predio en el que se construye un edificio de seis niveles fue asegurado.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Inti Muñoz, informó que entregó a la fiscalía la lista de irregularidades detectadas en la obra y pese a las cuales la alcaldía Benito Juárez autorizó y permitió que continuaran los trabajos que durante más de 10 meses dañaron las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

En entrevista, el funcionario destacó que la administración de Santiago Taboada fue la que otorgó la manifestación de construcción DBJ-0022-23 con vigencia de tres años para el desarrollo inmobiliario Residencial Novus, ubicado en avenida División del Norte, colonia Portales Sur.

Una de las irregularidades es que en el certificado de alineamiento y número oficial, expedido por esa demarcación, se omitió la existencia de instalaciones subterráneas en la zona, esa omisión produjo la afectación a la línea 12 del Metro o la consintió, que es algo peor.

Agregó que la alcaldía no cumplió con su obligación de supervisar que la construcción se realizara conforme a la normatividad, pues durante meses los trabajos dañaron el túnel de la línea 12 y no se reportó en el expediente de la obra, tal como marca el manual administrativo de la demarcación.

Asimismo, ni el gobierno de Benito Juárez ni la empresa constructora registraron la fusión del predio de División del Norte 2238 bis con el contiguo de la calle Tokio, por lo que reiteró que la obra es ilegal.

Se deslinda la demarcación

Por su parte, la alcaldía se deslindó de la autorización de la obra y aseguró que eso corresponde a la Seduvi, entre otras dependencias del gobierno central, y que su única responsabilidad fue recibir y revisar cuantitativamente la documentación que acompaña los registros de manifestaciones en sus distintas modalidades, es un trámite bajo protesta de decir verdad, es decir, de buena fe.

En respuesta, Muñoz afirmó que el gobierno panista de la demarcación miente y calificó como un acto de cinismo que se pretenda desinformar de esa manera a los capitalinos, al señalar que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 53, y la Ley Orgánica de Alcaldías, establecen que son atribuciones exclusivas de esas jurisdicciones registrar manifestaciones de construcción, único acto jurídico que permite iniciar una obra, expedir autorizaciones, licencias de fusión, así como verificar y en su caso aplicar las sanciones cuando las construcciones no cumplan con la normatividad.

Recordó que la Seduvi sólo interviene cuando los proyectos inmobiliarios son de 10 mil metros en adelante, si son habitacionales, o 5 mil metros si son comerciales, que no es el caso de Residencial Novus, para el cual la dependencia sólo emitió el certificado único de zonificación de uso de suelo, el cual no constituye una licencia de construcción.

En tanto, la FGJ informó que se investiga el daño a la propiedad, por lo que ya se realizan los peritajes y se trabaja en la localización de testigos para deslindar responsabilidades.

Por su lado, el jefe de Gobierno, Martí Batres, admitió que la construcción puede representar un riesgo, pues los cimientos llegan a una parte muy cercana al túnel y agrega muchas toneladas a la estructura, eso es algo que se tiene que revisar, aunque la línea sigue abierta, ya que se hizo una mitigación inmediata para detener la filtración.