La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el gobierno mexiquense nunca obtuvo la concesión federal para disponer del dominio del llamado Viaducto Bicentenario, y que de manera ilegal otorgó en 2008 la operación de esa vialidad a una empresa privada, lo que causó al erario un daño de más de 8 mil millones de pesos.

Lo anterior fue puntualizado por la FGR luego de conocer que el juez Daniel Ramírez Peña cometió una injusticia y llegó a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos con los cuales se imputaría la comisión de delitos a cuatro ex funcionarios de esa entidad, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado mexicano.

Como lo informó La Jornada, el pasado enero faltaron a la audiencia en la cual se les imputarían delitos cuatro ex funcionarios del gobierno mexiquense y representantes de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), ahora Aleatica, por ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), las autoridades mexiquenses durante el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgaron de manera ilegal la explotación de la concesión de un tramo carretero, en este caso del llamado Circuito Bicentenario, de 22 kilómetros.

Tras conocer el resultado de la audiencia iniciada el martes y que concluyó ayer, la FGR sostuvo que la concesión que el estado de México “otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario SA de CV en 2008, fue absolutamente ilegal y, por tanto, nula, cometiéndose el delito de explotación de un bien de la nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Ese acto delictivo permitió a un particular el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole 99.5 por ciento de los ingresos totales de esa vía federal, compartiendo con el gobierno del estado de México 42 millones de pesos, equivalentes a 0.5 por ciento, sin que la Federación haya recibido, en estos 15 años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la nación.

El Ministerio Público Federal explicó que desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente, y detalló que este caso no es de carácter administrativo ni civil, ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho ilícito.

En cuanto al juez Ramírez Peña, la FGR mencionó que solicitó su recusación para conocer del expediente por incurrir en una causa de impedimento, y se le iniciará el juicio correspondiente, con los recursos que la ley permite; asimismo, responderá de inmediato a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la nación”.