l presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus sospechas de que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se esté organizando una trama para anular los comicios presidenciales de junio próximo. El mandatario señaló el activismo de los jueces para imponerle restricciones a su libertad de expresión, con lo cual pisotean sus derechos individuales, pero también su investidura, pues como titular del Ejecutivo tiene el poder de garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, legalidad y democracia, y es evidente que para cumplir con esta tarea necesita mantener una comunicación permanente y franca con la ciudadanía; sin embargo, los tribunales amenazan con descarrilar las elecciones si el Presidente hace su trabajo.
Las acusaciones del jefe de Estado son verosímiles en la medida en que los integrantes del PJF ya no disimulan su alineamiento con la oposición política, empresarial y mediática del país. De ello dan prueba su empeño en boicotear políticas públicas y violentar las atribuciones del Presidente y del Congreso; su sabotaje a proyectos de infraestructura críticos para el desarrollo regional y nacional (ayer mismo emitió un nuevo fallo para frenar el Tren Maya, el más ambicioso esfuerzo para llevar bienestar al sureste); su determinación de mantener impunes y libres a delincuentes comunes, de cuello blanco y del crimen organizado, con lo que degradan el estado de derecho y la seguridad pública, o su afán por amordazar al Presidente, obligándolo a permanecer en silencio mientras la oposición crea y viraliza calumnias en su contra día tras día.
Quien encabeza el PJF, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, es un ejemplo de emisión de sentencias y declaraciones con inocultables propósitos de desestabilización y generación de ingobernabilidad. El 28 de febrero pasado, Piña Hernández divulgó una tarjeta informativa en la que trató de justificar su voto contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el Presidente aduciendo que ésta habría causado un grave quebranto económico al país.
Según la magistrada, al invalidar los cambios a la LIE, ella y sus colegas ahorraron a México una cuantiosa suma. Estas afirmaciones son falsas por partida doble, puesto que el supuesto daño financiero quedó conjurado desde octubre de 2023, cuando la Secretaría de Economía logró un acuerdo con su contraparte estadunidense para dejar atrás los diferendos en la materia. Además, el tema del posible conflicto con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ni siquiera se tocó durante la sesión en que una mayoría de los integrantes del máximo tribunal invadió las facultades legislativas. Al publicar este bulo en pleno periodo electoral, la ministra hizo sentir que está metida de lleno en las campañas, poniendo los recursos institucionales a su alcance a favor de las derechas. Asimismo, exhibió que sus sentencias no se basan en el orden constitucional, sino en filias y fobias ideológicas, si no es que en componendas inconfesables con las empresas energéticas que se han beneficiado por años con los términos legales que siguen rigiendo la industria eléctrica desde la reforma privatizadora del peñato.
Al abuso sistemático de sus atribuciones y los afanes desestabilizadores de buena parte del PJF, se suma la ineficacia para impartir justicia, tan escandalosa que por momentos parece señal de connivencia con los delincuentes. Igualmente, esta rama del gobierno padece un apego malsano hacia el derroche, los lujos y las prebendas, amén de un carácter cada vez más faccioso en términos político-electorales. Ante semejante debacle, cabe afirmar que el futuro de la democracia mexicana depende de que se apruebe y ponga en marcha una reforma profunda al PJF a fin de volverlo independiente de los intereses económicos y políticos de los que se ha convertido en instrumento.
