El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) mantiene una disputa legal con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México por 395 millones 486 mil pesos, la cual ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La llegada del caso al máximo tribunal, mediante un amparo, obligó a la Seduvi a negociar en juzgados y tribunales con el Indep, que encabeza Alberto Becerra, el pago del monto millonario y evitar que el pleito escale e implique la destitución y consignación de diversos funcionarios.

La Seduvi y el Indep tienen 20 días hábiles para explicar ante un juzgado el rumbo de los acuerdos para cumplir con el pago.

Se trata de un conflicto que data del 2000, cuando se acordó pagar al Servicio de Enajenación y Administración de Bienes (SAE), hoy Indep, una indemnización por la expropiación, en 1992, de un inmueble en las Lomas de Chapultepec para crear un área natural protegida. Sin embargo, durante 23 años hubo omisiones de las autoridades de la Seduvi para responder y pagar.

El 2 de marzo de 2012, los abogados del SAE, entonces encabezado por Tuffic Miguel Ortega, promovieron un amparo para reclamar al gobierno perredista de la Ciudad de México la indemnización por la expropiación del inmueble de Cumbres de Acultzingo 327, en las Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Por medio de un incidente de inejecución de sentencia, el asunto está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Esto, luego de que el 18 de octubre de 2012 la jueza Ana Mendoza ordenó a la Seduvi pagar al SAE 395 millones 486 mil 599 pesos.

Según registros del juzgado segundo en materia administrativa, el 21 de febrero se informó que la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México ya está en vías de cumplir el amparo.

El 5 de marzo se notificó que los apoderados legales del Indep expresaron ante el juez German Cruz su voluntad para celebrar un convenio y acatar la sentencia para saldar la indemnización.

En la SCJN, el ministro Alfredo Gutiérrez solicitó el 6 de marzo al juez Cruz Silva datos sobre la situación del litigio para dar cauce a la petición del Indep y, si el amparo no ha sido cumplido, llevar el caso ante el pleno del máximo tribunal.