Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió ayer al ultraderechista presidente Javier Milei, quien intentó desentenderse de un decreto que firmó el mes pasado, en el que se adjudicó junto a sus funcionarios 48 por ciento de aumento de sueldo, y atribuyó a ella esa medida. Quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? En el de enero (pasado) no incluyó expresamente a las autoridades y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá, el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver, replicó la ex mandataria.

Milei sostuvo que le informaron que el decreto surge del que firmó Fernández de Kirchner (hace 14 años) además en otras circunstancias, y por esa razón hubo este aumento automático a la planta política de este gobierno.

Al comenzar la carta de respuesta publicada en su red de Tik Tok, la ex gobernante escribió: Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento de 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron.

Milei firmó en enero el decreto 90/2024, que establecía que los funcionarios del Poder Ejecutivo no cobrarían el aumento dispuesto para los trabajadores estatales de 16 por ciento, pero el 28 de febrero él mismo decidió los incrementos de 48 por ciento y después intentó responsabilizar a Fernández de Kirchner, lo que resultó imposible de sostener.

Ahora debió volverse atrás para, mediante otro decreto (2026/24) con su firma, la del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incluirse en el aumento referido.

Milei nombró estos días a dos funcionarias de 23 años, con altísimos salarios, entre ellos uno que lleva el apellido Menem, con quien fraterniza la hermana del mandatario Karina Milei, quien es secretaria general de la presidencia.

Todo esto sucedió mientras el presidente anunciaba nuevos ajustes, en especial para los jubilados, cuya caja previsional fue virtualmente asaltada, violando todas las leyes y además llevándose los millonarios Fondos de Garantía de Subsistencia que amparaban a los pensionados frente a cualquier contingencia.

Esto últimos sucesos se produjeron un día después de que en una marcha multitudinaria de mujeres se rechazaron las políticas del gobierno, al que entre otros términos consideraron como una dictadura, con un eslogan inconfundible: la patria no se vende.

Golpe a equidad de género

Natali Risso, en Página/12, señala que protección social, infraestructura del cuidado, políticas alimentarias, programas para erradicar la violencia de género: todas las líneas del presupuesto que, según el propio Estado, apuntan a reducir la desigualdad de género, tuvieron durante el primer bimestre del año una ejecución más baja que la del año pasado. Más de 70 por ciento de las actividades mantiene su ejecución en cero. El gasto cayó 33 por ciento en términos reales en lo que va de 2024. Este recorte es más pronunciado que el fuerte ajuste que sufrió el presupuesto nacional total del 24 por ciento.

No son sólo políticas de ajuste, es un ataque directo a las condiciones de vida, para que no podamos organizarnos políticamente, dijo la socióloga, investigadora y representante del colectivo Ni Una Menos, Luci Cavallero, en declaraciones radiales.

No es casual que se esté apuntando con el Potenciar Trabajo, que se esté apuntando a las ollas: son el lugar donde se empieza la conversación política para muchas mujeres. Las trabajadoras estatales, las científicas del Conicet son todas compañeras que están politizadas por el proceso feminista, señaló y resaltó las consecuencias de éste y otros anuncios del gobierno que son gravísimos derechos que se pierden en todos los sectores más vulnerables.

En un ambiente cargado de tensión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo protocolo antipiquetes y otros fue considerado como violatorio de leyes locales e internacionales, dio otro paso muy peligroso que es solicitar el apoyo a las fuerzas armadas para calmar la grave situación en Rosario, provincia de Santa Fe, por las actividades de narcotráfico, a pesar de comprometerse a enviar a las cuatro fuerzas de seguridad que están bajo su control.

Para dar una imagen de cuál es su proyecto, se mostró por televisión a detenidos, alineados en forma compacta, con el torso desnudo y en la misma posición de cabeza agachada copiando el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Buckele, no obstante que se han denunciado en ese país centroamericano graves violaciones de los derechos humanos.

Bullrich no dudó en advertir que los hechos de violencia cometidos en el ámbito público de esa ciudad serán denunciados como actos de terrorismo, con lo que los sospechosos pueden ser condenados al doble de la pena prevista por la ley para ese tipo de acciones.

Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso, advirtió la ministra en una carta dirigida al diario La Capital, de Rosario.

Afirmó que cuenta con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, e instruyó a los jefes de las fuerzas de seguridad a tomar las medidas necesarias para que todo los hechos de violencia perpetrados en la vía pública o en el interior de lugares públicos sean inicialmente considerados como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo, escribió.