El Gobierno de la Ciudad de México criticó que el juez federal Roberto Paredes Gorostieta haya ordenado la liberación de Fabián Solís Vega y su hijo Fabián Solís Vieyra, considerados como dos de los principales generadores de violencia en la capital del país.

En la audiencia realizada la madrugada de ayer en el Centro de Justicia Federal, con sede en el Reclusorio Sur, el togado declaró ilegal la detención de los presuntos líderes de la banda conocida como La Ronda 88, dedicada a la invasión de predios y cobro de piso a comerciantes, quienes fueron aprehendidos por elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República el 2 marzo.

Incluso, afirmó el titular del Ejecutivo local, Martí Batres Guadarrama, se les permitió salir por la puerta de atrás del juzgado, lo cual impidió que personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local cumpliera una orden de aprehensión contra Solís Vieyra por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

El mandatario capitalino acusó al juez Paredes Gorostieta de estar trabajando a favor de la delincuencia y poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos al dejar libres a dos de los generadores de violencia más buscados.

Es realmente lamentable; aquí es donde uno se pregunta ¿para qué trabaja este tipo de funcionarios del Poder Judicial de la Federación? ¿Para que haya justicia o en favor de la delincuencia? Aquí ellos están poniendo en riesgo a las familias, a los habitantes, a las mujeres de la Ciudad de México, expresó en conferencia de prensa.

En tanto, la FGJ informó que inició una investigación para determinar y llevar ante la justicia a quienes intervinieron para que los implicados abandonaran el Centro de Justicia Federal sin pasar por los filtros que corresponden en estos casos, impidiendo que se ejecutara una orden de aprehensión.

Dichas instalaciones, aseguró, no dependen ni en estructura ni en seguridad a la Fiscalía General de Justicia ni a cualquier otra autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se realiza un análisis minucioso de imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Además de ser uno de los objetivos más buscados por las autoridades locales, por la ubicación de Solís Vieyra se ha ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos y fue deliberadamente auxiliado para abandonar esa sede una vez que un juez federal ordenó su libertad, afirmó la FGJ, y agregó que también inició una carpeta de investigación a los elementos asignados para cumplir la orden de aprehensión.