El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila discutir en septiembre próximo un proyecto de sentencia en el que se delinean los pasos para que, sin excepción, no se aplique la prisión preventiva oficiosa, se nieguen órdenes de arraigo y que, en casos donde se denuncie tortura, se haga una investigación independiente.

El ministro Jorge Pardo Rebolledo presentó a sus colegas la propuesta sobre la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida el 12 de abril de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el Caso García Rodríguez y otro vs. México.

Ello, debido a que la prisión preventiva oficiosa entendida como automática resulta contraria a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, expone el togado en la propuesta hecha a sus pares. De aprobarse, deberá ser acatada en todo el país.