Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone negar el amparo de la ley al ex comisario de la Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles, quien denunció los nexos con el narcotráfico del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Genero García Luna, y que ahora reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.

Javier Herrera ha dicho que su detención y encarcelamiento fue resultado de las denuncias presentadas contra García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Será la primera sala la que analice la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo proyecto no pone en duda las afirmaciones del ex funcionario, pero sostiene que en este asunto la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República, PGR) no incurrió en una actividad administrativa irregular.

La narración de los hechos, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntan a que los daños físicos que podrían actualizar una actividad administrativa irregular serían imputables a los agentes de policía y, por tanto, a la SSPF y no así a la PGR, señala la propuesta.

Javier Herrera también reclamó que no se tomó en cuenta que fue exhibido como colaborador de la delincuencia ante los medios de comunicación y que la PGR proporcionó la información.

Fue el 5 de septiembre de 2014 cuando el ex comisario presentó un escrito en la PGR en el que reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, a raíz de su detención ilegal en 2008.

El 6 de septiembre de 2012 fue exonerado debido a que se determinó que la parte acusadora utilizó testimonios falsos en el proceso en su contra.