La discusión sobre el pacto y la estructura fiscal políticamente no es rentable, pero se debe revisar no sólo para mejorar la eficiencia recaudatoria de lo que actualmente existe, sino para más adelante ampliar el debate a temas de mucho mayor envergadura, reconoció Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México y asesor de Claudia Sheinbaum.

Hay un espacio todavía de mejora de la eficiencia recaudatoria (...), aplicar mejor lo que ya está en las leyes, enfatizó el académico, que es parte del equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena y tiene entre sus funciones coordinar mesas de diálogo como base de un plan de desarrollo.

Esquivel consideró que entre los instrumentos tributarios existentes, pero que se ven afectados por el diseño institucional, está el predial, cuyo cobro se deja a municipios, sin que éstos tengan la capacidad para captarlo. El académico enfatizó que aún hay espacio para hacer más eficiente la recaudación bajo el actual diseño fiscal, al margen de que más adelante tendrían que discutirse otros temas de mucha mayor envergadura.

Cualquier debate sobre un nuevo pacto social que incluya el componente fiscal como herramienta de redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad debe tener al centro la progresividad –que paguen más quienes más tienen–; hacer del bienestar un bien jurídico tutelado, como la vida, y promover la transparencia también por el lado de ingresos, quién y cuánto paga al fisco, debatieron académicos, entre ellos Esquivel, en un seminario del Colegio de México (Colmex).

Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, negó que la promesa de una reforma fiscal se quedara empantanada en esta administración; explicó que se hicieron modificaciones en áreas técnicas. Por ejemplo, las cláusulas antiabuso –bajo las que cualquier planeación impositiva tiene que ser revelada al Servicio de Administración Tributaria y éste decide si es legal o no– permitieron ingresos por 300 mil millones de pesos, comentó.

El ahora director para la Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial destacó que al margen de que la desigualdad tiene efectos en el crecimiento, la polarización económica está dando lugar a un incremento de la polarización política, lo que dificulta redefinir el contrato social.

De manera similar, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, expuso que la desigualdad también interviene con la viabilidad política de un país. La pregunta está en qué niveles de disparidad puede aguantar una democracia. Enfatizó que en ese punto el Estado debe dejar de escatimar la garantía de derechos bajo un argumento presupuestal, como lo podría hacer el sector privado.

Parte del consenso de cara a un nuevo pacto social es ver el bie­nestar como bien jurídico tutelado, acentuó Haas. En ese debate también se requiere cambiar el lenguaje alrededor del pago de impuestos, dejar de asumir que los ricos traen la innovación a las economías y no romantizar casos en los que se rompen las barreras de la desigualdad. No es heroico querer tener una vida digna, precisó.