Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena defendió la independencia judicial como una garantía para atemperar y domar la distribución del poder público con el fin de ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Al dar la bienvenida al magistrado José Alfonso Montalvo como nuevo consejero de la Judicatura Federal, el integrante de la SCJN puntualizó que la responsabilidad de los jueces constitucionales es fungir como contrapeso para velar y respetar los derechos humanos.

La independencia judicial protege el paradigma de la división de poderes y por lo tanto la forma democrática y republicana de gobierno, esa que atempera el uso del poder público a través de la fórmula de pesos y contrapesos, esa que distribuye el poder para domarlo y ponerlo al servicio de las y los ciudadanos, puntualizó.

En su mensaje, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, cuyo voto fue decisivo para liberar a Florence Cassez en 2013, también defendió el debido proceso judicial pues, dijo, no busca ni está para entorpecer los caminos hacia la justicia.

La sociedad no puede verse protegida contra la impunidad cuando se admite el relajamiento o hasta el quebranto de ese debido proceso del que gozan las personas penalmente imputadas quienes, debemos recordar, gozan de presunción de inocencia hasta no ser declaradas culpables, expuso.

A su vez, tras destacar la importancia y pluralidad del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Montalvo Martínez reiteró que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables, además de que las decisiones internas de los juzgadores están protegidas frente a intereses extraños.

La administración de la judicatura no está para servir al gremio judicial, sino para servir a la sociedad y a cada persona que le integra; ha de servir como alivio a la labor jurisdiccional y nunca como una carga y mucho menos una indebida intromisión, indicó el nuevo consejero.

En su oportunidad, la consejera Lilia Mónica López Benítez, indicó ante el pleno que la preservación de la independencia e imparcialidad de las personas juzgadoras no admite injerencia de ninguna especie.