El Poder Judicial de la Federación impulsó para este 2024 una serie de medidas de ahorro por 970.4 millones de pesos a través de medidas de racionalidad, disciplina y austeridad en sus gastos, lo que se suma al recorte presupuestal aplicado desde la Cámara de Diputados.

Aun así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral garantizaron una operación eficiente para el sistema judicial.

Dichas medidas deberán articularse con los procesos de planeación y presupuestación institucional de cada uno de los órganos que lo integran, y enfocarse en el gasto corriente no prioritario para no afectar negativamente la administración e impartición de justicia y garantizar la calidad de los servicios y de cualquier actividad sustantiva, expone el acuerdo.

El documento fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación e indica que la mayor parte del ahorro provendrá del CJF, organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de juzgados y tribunales.

Entre las medidas que se destacan están el rediseño y renovación de las estructuras orgánicas y ocupacionales, así como la limitación de los contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales deberán ser encaminados a cubrir necesidades prioritarias.

También se privilegiará la utilización de tecnologías de información y telecomunicaciones en las tareas de actualización y capacitación, así como la procuración de maximizar la economía en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.