La iniciativa de reforma constitucional en materia energética pretende que se asuma que la generación de energía eléctrica tenga un carácter estratégico y, en esa lógica, no puede considerar que la Comisión Federal de Electricidad ejerza un monopolio de Estado porque no tiene afán de lucro, afirmó su director, Manuel Bartlett. Asimismo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal.

Destacó que se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional vigente en nuestra Constitución tenga un objetivo específico: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible

Durante la conferencia presidencial, Bartlett mencionó que el principio fundamental de estas modificaciones es garantizar la soberanía energética para evitar la dependencia de las tarifas en el extranjero o bien de las empresas privadas en el mercado nacional. La experiencia reciente demuestra que la dependencia en exceso de fuentes energéticas externas o privadas exponen a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales. Explicó que bajo el actual modelo, basado en el otorgamiento de permisos ajenos a cualquier sistema de planeación nacional ordenado, se entregaron licencias sin tomar en consideración las necesidades de las diversas regiones del país y se concentraron en las de mayor capacidad económica, abandonando a las de menores recursos.

Enfatizó que una de las características del esquema aprobado en la reforma de 2013, es que se otorgaron ventajas a favor de las empresas privadas en contra de la empresa pública. En esta falsa competencia, la CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizándoles así su rentabilidad. Por ello, se plantea que las empresas particulares, no puedan tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado que representa la garantía de continuidad y accesibilidad .

Además, se propone eliminar la obligación de que las firmas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas porque, de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas que no se aplica a la empresa pública.