Ante la situación de violencia que se mantiene en el país contra los periodistas y quienes los rodean, un tribunal federal concluyó que las medidas preventivas y de protección, como el servicio de escolta, deben extenderse a sus familias.

Los magistrados establecieron que sólo de esta forma se puede lograr una protección más eficaz para salvaguardar su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia, además de que pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin ser objeto de amenazas, hostigamiento u otros hechos de violencia.

Que las autoridades responsables implementen todas las medidas que sean necesarias y en carácter de urgente, a efecto de que la quejosa cuente con la salvaguarda y seguridad que resulte necesaria para preservar su integridad física y, además, para que también se le otorgue al quejoso y a su familia escoltas armados las 24 horas del día, los siete días de la semana, vehículo blindado, chalecos antibalas y cursos de autoprotección, señalaron los magistrados.

En mayo pasado a un periodista, cuyo nombre fue reservado por motivos de seguridad, se le retiró la protección luego de que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras realizar una evaluación de riesgos, aseguró que ya no corría peligro ni enfrentaba amenazas del crimen organizado.

A través de un oficio notificó al Servicio de Protección Federal para dar por concluido el servicio de escolta armado para la protección de personas por 24 horas, arrendamiento de vehículo ordinario con GPS, servicio de suministro de gasolina y servicio de telepeaje. En esencia, la Junta dio por concluido el servicio de protección.

El comunicador promovió un amparo en el que argumentó que, en cuanto fueron retirados los escoltas, comenzaron a rondar en su domicilio presuntos miembros del crimen organizado, quienes vigilaban la zona a bordo de motocicletas y otros vehículos.

Tras analizar su situación, tanto un juez federal de Jalisco como el tribunal colegiado dieron la razón al periodista para que las autoridades le brinden la seguridad necesaria con el objetivo de proteger su vida e integridad, así como la de su familia.