Los delitos electorales confirmados por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) en los últimos cinco años representan la quinta parte de los comprobados en 2018, año en el que hubo comicios federales y locales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Seguridad Pública.

Pese a que en los comicios de aquel año se presentaron más de mil 500 denuncias por probables delitos electorales cometidos en el territorio nacional durante el día de la jornada electoral, la cifra oficial de las autoridades de seguridad pública constataron solamente 232 delitos tipificados penalmente en la Ley General en Materia de Delitos Electorales de 2014.

Y aunque esta ley contiene más de 60 conductas delictivas relacionadas con el aspecto electoral, la Fisel no ha podido comprobar los cientos de denuncias que llegan a esta instancia de la Fiscalía General de la República en época electoral.

Por ello, pareciera que los delitos electorales han disminuido, ya que no se contabilizan en las cifras oficiales. Sin embargo, en cada proceso electoral federal llegan cientos de denuncias tanto en el periodo de las campañas electorales como el día de las votaciones, pero la Fisel determina que no constituyen un delito electoral porque carece de elementos para confirmarlo.

Ante la ausencia de pruebas establecidas por la ley electoral en materia penal, los datos muestran que en la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se han comprobado menos delitos, a pesar de que las denuncias han incrementado desde el segundo semestre del año pasado relativas al proceso electoral de 2024.

Las conductas delictivas que se castigan penalmente son los actos en los que se obliga a subordinados a votar o abstencerse, se usan recursos públicos con fines electorales, se condicionan programas sociales, acarrean a votantes o realizan actos proselitistas en horario laboral.

Según este secretariado ejecutivo de la SSPC, en la última década el año con más delitos electorales confirmados fue 2016, con un registro de 3 mil 846; en segundo lugar se ubica 2017, cuando se contabilizaron penalmente 2 mil 160, y en tercer lugar 2015, con un total de 2 mil 76 actos que representaron violaciones electorales establecidas en el Código Penal Federal.