iqueza e ingreso son conceptos distintos aunque estrechamente ligados. La concentración del ingreso (recursos generados en una año por la producción) se convierte en capacidad de inversión y aumento de la riqueza (propiedad de bienes de producción), lo que a su vez genera más ingreso a los dueños en una espiral de acumulación improcedente que se retroalimenta a sí misma.

La riqueza privada del país –según Oxfam-México, El monopolio de la desigualdad, 2024 – tiene un valor estimado de 2.200 billones de dólares (nov 2023), y 93% de estos activos físicos pertenecen a 10% de las empresas. De esta riqueza, 59.8% está en manos de 293 mil 980 personas ricas (0.22% de la población con activos de más de un millón de dólares), incluyendo a 14 ultraricos y sus familias (con más de mil millones de dólares) que poseen 8.18% (de éste Carlos Slim 4.48%). El restante 40.2% de la riqueza está en el resto de la población (130.8 m).

Oxfam distribuye funcionalmente el PIB de México en 2022 como sigue: el capital (las empresas) concentran 55%, el trabajo 39%, y el Estado (impuestos netos) 5%. Discrepancia de 1% por redondeo.

Del ingreso total de los hogares, según World Inequality, 64.6% se concentra en México en 10% de los hogares, inequidad sólo superada por Sudáfrica (65.4%); y 26.8% en uno por ciento de los hogares, donde nadie nos supera (Gráfico 1).

Del ingreso nacional disponible (IND), según el Inegi, el factor trabajo (salarios) llegó a recibir 43.5% en su máximo de 1976 (±60% en países avanzados), cayó a 29.8% en 2006, subió a 30.3 en 2018, y a 33.6 en 2022 (Gráfico 2). Esta caída del ingreso al trabajo en el neoliberalismo franco (1981-2018), así como el ascenso de las utilidades (excedente bruto de operación) de las empresas se presenta esquemáticamente en el Gráfico 3.

La estructura distributiva del PIB y el IND en 2022 se presenta en el Gráfico 4. Está claro que México debe elevar sustancialmente las remuneraciones al trabajo, disminuir las utilidades excesivas y las parasitarias, y completar una progresividad justa del ISR hasta 55% para los ingresos más altos; gravar a la riqueza de alto rango, frenar los semimonopolios y evitar la evasión transnacional vía paraísos.

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