El Partido Acción Nacional (PAN) impulsa una Ley General del Agua en la Cámara de Diputados, la cual amenaza con incrementar la crisis hídrica en el país, debido a que considera el líquido como mercancía y con valor económico, en lugar de privilegiar el derecho humano al recurso, alertó la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

En contraparte, esta organización demandó que se apruebe la iniciativa ciudadana que, después de una amplia discusión en 400 foros, contiene 12 consensos medulares que se apegan a la gestión equitativa y sustentable del agua, así como el respeto a las garantías fundamentales y a los pueblos indígenas.

Señaló que el pasado 13 de febrero se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de Ley General de Acceso al Agua, que presentaron siete diputados de Acción Nacional, la cual igualmente dejaría intacta la Ley de Aguas Nacionales establecida en 1992 y favorece la mercantilización del líquido.

La propuesta panista establece que el uso de agua respecto de empresas, negocios, compañías y sus similares o establecimientos con actividades comerciales, agrícolas, industriales o de servicios, se regirá por la ley de aguas nacionales, refirió la coordinadora nacional.

Suspensión en caso de falta de pago

Además, se enfoca principalmente en establecer 50 litros por persona al día como el mínimo vital a garantizar, con la posibilidad de reducirla en caso de estrés hídrico y de suspender el abasto por la falta de pago, excepto en ciertos casos de poblaciones vulnerables. Asimismo, establece que los proveedores del agua pueden ser los organismos del gobierno o empresariales, anotó.

La organización agregó que la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua fue entregada en febrero de 2020 a las cámaras de Diputados y Senadores y es una oportunidad para una nueva etapa de la gestión del agua en el país.

Entre la docena de consensos que establece el documento están respetar el agua de pueblos y comunidades, derecho a vetar proyectos dañinos, prohibir agua para minería tóxica y fracking, así como cerrar la puerta a la privatización y democratizar los servicios del agua.