En México, la tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos, al tiempo que en las fiscalías existe estancamiento generalizado en las indagatorias de estas prácticas, pues sólo se ha judicializado uno por ciento de más de 6 mil carpetas de investigación que se iniciaron en 2022, de acuerdo con un informe del Observatorio contra la Tortura.

En el documento, elaborado con base en informes de transparencia, también acusa que la posibilidad de que las víctimas comprueben que sufrieron tortura es muy baja, porque son pocas a las que se aplican los dictámenes médico-sicológicos que la acrediten.

En la presentación del informe, Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que aunque la Estrategia Nacional contra la Tortura es sin lugar a dudas relevante, la ausencia de un programa nacional para prevenir y sancionar esta práctica dificulta la articulación de los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la lucha.

Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, señaló que entre los principales hallazgos del informe están que en 2022 se iniciaron 6 mil 226 carpetas de investigación, lo que representa incremento de 11 por ciento respecto a 2021, y de ese total, sólo uno por ciento fueron judicializadas.

Según el informe, agregó, en 2019 hubo un pico en la cifra de expedientes, con más de 7 mil; en 2020 bajaron, pero al año siguiente volvieron a incrementarse. Subrayó que ello no significa que haya más casos de tortura, sino que se están abriendo más investigaciones.

Apuntó que casi 70 por ciento de las pesquisas se inician por vista judicial, es decir, porque lo ordena un juez como parte de la investigación de otro delito, de ahí que esto sugiere que la tortura sigue empleándose como método de investigación, en tanto que solamente 7.8 por ciento de las indagatorias se inician por la denuncia de la víctima.

Salvador Ferrer puntualizó que las fiscalías generales de los estados son señaladas en 50 por ciento de los casos como responsables de tortura, seguidas por las secretarías de seguridad pública estatales. Además, en los organismos públicos de derechos humanos hay más de 3 mil quejas clasificadas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y se han emitido unas 150 recomendaciones.

Agregó que la creación de fiscalías y unidades especializadas no se ha traducido en mejor desempeño en la investigación. El informe indica que en 2022 había 17 fiscalías y 12 unidades en el país, en tanto que Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Sonora no contaban con ninguna.