Londres. Los abogados de Julian Assange presentaron ayer su último recurso para impedir la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo acusa de espionaje, con el argumento de que sus acciones sacaron a la luz actos criminales graves del gobierno estadunidense, al filtrar cientos de miles de documentos comprometedores para el ejército estadunidense, en particular sobre su actuación en Irak y Afganistán.

La audiencia, que concluirá hoy, comenzó sin la presencia de Assange, quien se sintió indispuesto y no pudo acudir al juicio, indicó su abogado, Edward Fitzgerald.

Durante las jornadas previas, su esposa alertó sobre el frágil estado de salud del australiano, de 52 años. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá, advirtió Stella Assange.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo visitó y afirmó ayer que Assange está enfermo, y que se rompió una costilla debido a una tos excesiva.

Eso pone de relieve los riesgos para su salud física y mental que existen en sus actuales condiciones de detención, que se agravarían si es extraditado, alertó RSF.

A principios de febrero, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, pidió al gobierno británico suspender su extradición. Sufre desde hace mucho tiempo un trastorno depresivo periódico y existe el riesgo de suicidio, manifestó Edwards.

A solicitud de su defensa, dos jueces revisan desde ayer la decisión tomada en junio de 2023 por el magistrado Jonathan Swift, quien le negó el permiso para seguir recurriendo en ese país y dio luz verde a su extradición a Estados Unidos, donde Assange podría ser condenado a una pena hasta de 175 años de prisión.

Mi cliente está siendo procesado por realizar una práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, información verdadera y de interés público evidente e importante, sostuvo Fitzgerald ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

Los fiscales estadunidenses dicen que Assange ayudó a la analista de inteligencia militar Chelsea Manning a robar comunicaciones diplomáticas y archivos confidenciales, que luego publicó en su sitio de Internet y por ello le acusan de atentar contra los intereses estratégicos y de seguridad nacional y de poner en peligro la vida de individuos.

En 2010 Wikileaks difundió material secreto que incluía el video de un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadunidense en Bagdad, matando a 18 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. Luego siguió la divulgación de 250 mil documentos confidenciales.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de Belmarsh desde su detención en abril de 2019, a petición de Washington, después de haber permanecido siete años en la embajada de Ecuador en la capital inglesa, por temor a ser extraditado a Suecia debido a acusaciones de agresión sexual, cargos que luego fueron retirados.

Si hoy los magistrados lo autorizan a recurrir los aspectos de su caso que la defensa no llegó a abordar en juicios anteriores, se iniciaría un nuevo proceso ante el Tribunal de Apelación londinense.

Si, en cambio, coinciden con Swift en prohibírselo, se activaría el mecanismo de entrega a Estados Unidos, supervisado por el ministerio británico del Interior.

En el segundo supuesto, sus abogados ya han dicho que solicitarán de inmediato medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del artículo 39 de su reglamento, para detener la extradición, mientras elevan un recurso ante la corte europea.

Afuera del Tribunal londinense, manifestantes aguardan la sentencia con letreros en los que exigen la liberación de Assange.

Marchas de apoyo en el mundo

También se desarrollaron marchas en su apoyo en más de 60 ciudades del mundo, de acuerdo con convocatorias publicadas en Internet.

La ciudad italiana de Bolonia concedió la ciudadanía honoraria al fundador de Wikileaks, informó RIA Novosti.

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X: condenarlo es condenar la prensa libre y ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos de la población del sur excluida, pobre y bombardeada.

Jodie Ginsberg, directora del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, escribió: el enjuiciamiento de Assange en Estados Unidos tendría implicaciones desastrosas para la libertad de prensa en todo el mundo.