a aspirante de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la guerra sucia que se registra en redes sociales en su contra y del titular del Ejecutivo federal, en la que cientos de miles de cuentas apócrifas automatizadas ( bots) aluden a ellos como narcocandidata y narcopresidente. Asimismo, el diputado local de la Ciudad de México Jorge Gaviño Ambriz acusó a Eduardo Luis Méndez Peña, ex jefe de producción audiovisual de la alcaldía Benito Juárez, de haber gastado, sólo en lo que va de este año, casi 2 millones de pesos en promocionar videos que buscan desinformar y erosionar la imagen de Morena, la Cuarta Transformación y su candidata presidencial. Dicho funcionario trabajó en la demarcación capitalina de 2018 a 2023, es decir, bajo el mando del hoy aspirante a jefe de Gobierno por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada.

Una investigación acerca del comportamiento de bots y trols en la red social X confirmó las aseveraciones de Sheinbaum, y aportó datos que añaden gravedad a esta guerra sucia. De acuerdo con el estudio, el trollcenter (empresa que diseña e implementa campañas de desinformación y golpeteo político) que lleva a cabo las operaciones de propaganda contra la 4T ha publicado hasta 16 millones de tuits para colocar sus mensajes y manipular a la opinión pública. También se encontró que 80 por ciento de 8 millones de publicaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum y la candidata more-nista a la CDMX, Clara Brugada, son artificiales, es decir, lanzadas y replicadas desde cuentas falsas.

El primer elemento que llama la atención es la magnitud de este operativo. Normalmente, basta con decenas de miles de publicaciones artificiales para instalar un asunto entre los internautas, quienes después se apropian de la discusión y la amplifican, incluso cuando se basa en mentiras. Sin embargo, en este caso se trata de millones de mensajes pagados, lo cual requiere cantidades de dinero que sugieren el uso de recursos de procedencia ilícita, ya sea que provengan de agentes extranjeros, del crimen organizado, de operaciones de lavado de capitales o de quebrantos al erario de estados y municipios controlados por la oposición. En segunda instancia, es necesario remarcar que muchas de las cuentas vinculadas a la guerra sucia contra Morena han actuado de manera concertada en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, así como antes en México. En el caso boliviano, participaron en el enrarecimiento del ambiente social que facilitó las condiciones para el golpe de Estado de 2019; en Brasil impulsaron el encarcelamiento ilegal de Luiz Inacio Lula da Silva y enaltecieron la figura del fascista Jair Bolsonaro. Por último, no puede pasarse por alto el cinismo de los integrantes de Acción Nacional, quienes atacan a AMLO y Sheinbaum asociándolos con la delincuencia organizada. Los ciudadanos no olvidan que fue el panista Felipe Calderón quien entregó la seguridad pública y la política antidrogas al narcotraficante convicto Genaro García Luna, pese a que múltiples voces le advirtieron en público y en privado acerca de las irregularidades de su superpolicía.

Los indicios de que sectores de la oposición podrían actuar bajo dirección y financiamiento de intereses foráneos que violentan la soberanía nacional y buscan subvertir el orden democrático obligan no sólo al INE, sino también a la Fiscalía General de la República (FGR), a iniciar una investigación exhaustiva que saque a la luz a quienes operan esta campaña desde las sombras. Autoridades y sociedad deben ser conscientes de que los poderes fácticos implicados en estos operativos, aunque se dirigen de forma explícita contra el mandatario y la candidata del partido gobernante, pueden causar un daño grave a la institucionalidad del país en su conjunto.