l pasado 5 de febrero, uno de los voceros connotados del régimen neoliberal, Jesús Silva Herzog Márquez (JSHM), sin conocer el proyecto de reformas a la Constitución que enviaría el Presidente al Congreso, escribió un artículo titulado Desmantelamiento constitucional: el Presidente “quiere arrancarle a la Constitución todo aquello que la hace norma imperativa y dejarla como un texto inerte… No hay precedente en la historia constitucional mexicana de un proyecto de tan abierta convicción anticonstitucionalista. Ni los episodios del constitucionalismo conservador del siglo XIX, ni en el proyecto presidencialista de Venustiano Carranza había esa explícita intención de aniquilar a la ley como norma que sujeta, que disciplina, que limita al poder político”.

Quejidos desde la posverdad, excesos retóricos sin pudor, y equívocos (¿deliberados?) contiene en abundancia ese artículo, uno de tantos enderezados contra la 4T en defensa del régimen de privilegios del neoliberalismo. Como lo enseñó en su tiempo el maestro constitucionalista Mario de la Cueva, y como lo explicó muchas veces Arnaldo Córdova, la Constitución es un pacto político. El Presidente no puede aniquilar a la ley, como dice JSHM porque el asunto en cuestión es la Constitución. “La Constitució no es una ley, sino un pacto político… Las leyes, que son jurídicas porque expresan un mandato de obligaciones correlativas de derechos, no pueden ser más que reguladoras u organizadoras. Es así que las llamamos en su totalidad reglamentarias y orgánicas… La Constitución no regula ni organiza, la Constitución instituye… Las leyes no fundan, sino que regulan u organizan. La Constitución funda. Las leyes son fundadas y su función es regular y organizar lo que la Constitución manda que se funde”, escribe Arnaldo. Las reformas del Presidente comienzan a recuperar el pacto inclusivo establecido en 1917, destruido por los gobiernos neoliberales.

Arnaldo mismo escribió en este espacio, en diciembre 15 de 2013, un artículo titulado El desmantelamiento de la Constitución. Vale la pena releer su descarnado recuento. Concluye: “El poder del Estado está para servir a todos y no puede ejercerse para favorecer a unos cuantos o ponerse al servicio de grupos privados…”. Todo el armazón “de instituciones fundadoras y protectoras se está desmantelando y aboliendo por el conjunto de reformas anticonstitucionales que el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar en el Congreso. Todas ellas han estado dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana. Sus instituciones fundamentales ya no serán las mismas. Y destaca el hecho esencial de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el pacto están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de los más amplios sectores de la población mexicana… La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”.

Los excluidos de México saben mejor que nunca lo ocurrido, y que el gobierno de la 4T está, con el gobierno de AMLO, comenzando a restaurar la entraña social de la Constitución de 1917. La insurrección electoral de 2018 votó a favor de un candidato y una corriente política contrarios al neoliberalismo, que prometían un cambio de régimen. No hay engaño posible: el Estado mexicano está para resguardar y asegurar el cumplimiento de los derechos de todos, no los de unos pocos. El pacto político plasmado en las reformas de AMLO tiene ese carácter, de pacto, porque comenzó a ser legitimado por los sufragios de las mayorías, y porque ese hecho político decisivo será refrendado en la elección de junio proximo. Se trata de un proceso social que no terminará con el gobierno de la próxima presidenta de México. Continuará avanzando porque ya pertenece a la conciencia de las grandes mayorías.

Como es sabido, en el artículo tercero constitucional se instituyen las obligaciones del Estado con la educación. En él se hace una breve definición acerca del criterio general que debe gobernarla. En la fracción II, inciso a) de ese artículo se dispone que ese criterio: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Como es evidente, la bandera primordial del movimiento de la 4T, por el bien de todos, primero los pobres, conecta directamente con la idea de democracia de la Constitución. Parece conveniente desarrollar esa idea de democracia para instituirla como principio general. Una de sus vertientes sería el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.