n una interminable historia de complicidad, negligencia, impunidad y compromisos que se mantienen en el aire, hoy se cumplen 18 años del homicidio industrial cometido (19 de febrero de 2006) por Grupo México, del tóxico Germán Larrea, en Pasta de Conchos, Coahuila, en el que murieron 65 mineros, de los cuales 63 se mantienen bajo toneladas de rocas y millones de promesas incumplidas.

Cuatro gobiernos aparecen involucrados en esa tétrica línea de tiempo, en la que tres de ellos (Fox, Calderón y Peña Nieto) sólo se dedicaron a garantizar impunidad al barón y a su corporativo, siempre apostando al olvido, y uno más (López Obrador) se comprometió a retomar el caso y recuperar los cuerpos de los 63 mineros fallecidos, aunque para ello involucró a funcionarios que no dieron el ancho o de plano, incumplieron con la palabra presidencial (a esto último debe sumarse otro capítulo irresuelto: las tres huelgas mineras, estalladas en julio de 2007, que permanecen en el olvido de las autoridades laborales, con complacencia plena de Germán Larrea).

Vicente Fox fue el primero en mostrar sus cartas marcadas: amén de que nunca se presentó en la zona del desastre y se lavó las manos, a escasos cinco días del homicidio industrial ordenó cancelar el operativo de rescate y echó al Ejército sobre los deudos para contenerlos, aunque, eso sí, prometió investigar a fondo lo sucedido y, desde la comodidad de su rancho San Cristóbal y con Martita a su lado, dijo que necesitamos conocer qué sucedió para poder exigir a la empresa el cabal cumplimiento de sus obligaciones y de la ley en cuanto a condiciones de trabajo para los mineros, revisar las condiciones laborales y de seguridad; el gobierno federal va a estar muy cerca de los familiares para cubrir sus necesidades; vamos a asegurarnos que tengan todo el respaldo del gobierno federal; a la empresa corresponderá cumplir a cabalidad con las promesas que ha realizado a los deudos de los trabajadores. ¿Resultado? Cero.

Larrea y su Grupo México (por cierto uno de los principales aportantes financieros a la Fundación Vamos México, de Martita Sahagún) aseguraron que por no tener dinero, era necesario posponer el rescate de los cuerpos (de hecho se ampararon para no hacerlo), y el gobierno foxista aplaudió la decisión de uno de los empresarios más ricos del país, quien a lo largo años seguiría acumulando miles de millones de dólares y dejando en el olvido dicho rescate.

Por cierto, tres semanas después del homicidio industrial, a Larrea los diputados prianistas le garantizaron otro negocios (alrededor de 550 millones de dólares adicionales al año): aprobaron reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera para entregar al sector privado la explotación del gas metano (gas grisú) asociado a los yacimientos de carbón, es decir, el causante, junto con la negligencia de la empresa, de la explosión en Pasta de Conchos.

Recién instalado en Los Pinos, Felipe Calderón prometió a un familiar de los mineros fallecidos hacer todo lo posible para que los cuerpos tengan cristiana sepultura (permanecen bajo toneladas de rocas) y le aseguró que no será cerrada la mina (Larrea lo hizo dos semanas después y despidió a 250 trabajadores). A su vez, el secretario calderonista del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que Grupo México tuvo la mayor parte de la responsabilidad, porque estaba obligado por ley a cumplir con condiciones de seguridad; no voy a solapar a ningún servidor público ni taparé a ningún personaje. ¿Resultado? Cero.

Enrique Peña Nieto ni siquiera se tomó la molestia de prometer o mencionar el homicidio industrial, pero, como lo hizo Calderón, continuó entregando concesiones mineras a Larrea.

En mayo de 2019, el presidente López Obrador anunció: en un acto de justicia y humanidad, el gobierno federal inicia los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores atrapados en Pasta de Conchos. No se escatimarán recursos, dijo, pero los mineros fallecidos aquel 19 de febrero de 2006 permanecen bajo toneladas de rocas. El resultado es entendible, toda vez que esa labor se la encomendó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde (lo mismo que la solución de las tres huelgas mineras), quien se limitó a pedir paciencia a las viudas. A su vez, Larrea aventó la papa caliente, regresó la concesión y, una vez más, se lavó las manos.

Dieciocho largos años sin solución, con total impunidad.

Las rebanadas del pastel

Ayer en el Zócalo: lo mismo, los mismos y las mismas sandeces.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com