os brasileños suelen decir que tienen el mejor carnaval del mundo, y todavía no hay quién les conteste con argumentos sólidos lo contrario. Este año, como siempre, fue del sábado 10 hasta la mañana del miércoles 14, cuando el país fue pura fiesta.

Además de los desfiles oficiales, por todas partes aparecieron los llamados bloques, grupos de jóvenes y ni tan jóvenes que ocuparon calles y plazas en un desfile de pura euforia, arrastrando multitudes.

Raras, rarísimas veces otros temas dividen la atención en días de carnaval. Aunque esta vez al menos otros dos supieron flotar sobre la alegría de la gente.

El primero se arrastra desde hace un par de semanas, pero viene creciendo: la posibilidad de que el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro fuera finalmente preso en plenos días de fiesta popular.

Declarado inelegible hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral, pasó a ser objeto de denuncias por parte de la Policía Federal.

La Justicia decretó allanamiento en sus residencias y en la oficina que ocupa en la sede del Partido Liberal, en Brasilia, e incautó, además de computadoras y teléfonos móviles, su pasaporte.

El mismo Bolsonaro admitió a sus hijos y a los allegados más cercanos que estaba seguro de que lo llevarían a la cárcel, pero no ocurrió.

Presionado y cada vez más tenso, convocó para el día 25, un domingo, a sus seguidores para un gran acto en San Pablo. La intención, declaró, es defenderse de las acusaciones y persecuciones y contar mi verdad. A ver cuánta gente reúne, y cuáles serán los políticos de relieve que estarán a su lado.

Acorde con interlocutores del Supremo Tribunal Federal, de momento está descartada la posibilidad de que Bolsonaro sea llevado a la cárcel. Sería transformarlo en víctima y movilizar a sus seguidores más fanáticos, aumentando el riesgo de conflictos callejeros.

Todo, sin embargo, dependerá de la actuación de la Policía Federal. Si hay denuncias con pruebas concretas, ese cuadro sufrirá un vuelco.

El otro tema que llamó – y seguirá llamando– la atención, partió de las investigaciones que la Policía Federal intensificó, acatando determinaciones tanto de la Fiscalía General como del Supremo Tribunal Federal, acerca de todo lo relacionado con el intento de golpe de Estado tramado por Bolsonaro y su grupo, con la intención de impedir la elección de Lula y, en caso de victoria, su ascensión a la presidencia.

Desde hace mucho se sabía de grupo de militares, poquísimos activos, la inmensa mayoría retirados, que orbitan alrededor de Bolsonaro. Desde hace un largo par de semanas crecieron, a medida en que las investigaciones de la Policía Federal avanzaron, las evidencias de que tal grupo conspiró activamente para el golpe, tanto antes como después de la victoria de Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022.

Había rumores de que los comandantes máximos de las tres fuerzas armadas fueron consultados sobre la posibilidad de unirse al golpe y que se negaron a ese movimiento.

Pues ahora las investigaciones confirmaron que hubo tal consulta, y más: se comprobó que no sólo sus ministros militares respaldaban la propuesta de Bolsonaro. Había al menos otros 13 oficiales involucrados. Varios fueron detenidos.

El nuevo foco de tensión se refiere precisamente a los entonces comandantes, y la Policía Federal pidió a la instancia máxima de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, autorización para nuevos allanamientos y, según el caso, decretar prisión preventiva de los investigados.

De acuerdo con la Policía Federal, se trató de crímenes concretos, ya que, pese a rechazar sumarse al intento golpista, los ahora acusados cometieron omisión. Acorde con esa línea de acusación, sería obligatorio denunciar a la opinión pública y, claro está, a la Justicia, el movimiento golpista.

Todo eso sirvió para elevar de manera palpable la tensión entre los militares y hay temor en el gobierno de que sea un nuevo motivo para hacer temblar, aunque de manera fugaz, las relaciones con Lula y su gobierno.

Queda claro que se trata de acciones de la instancia máxima de Justicia, sin ningún vínculo externo. Pero la Policía Federal sí integra el gobierno de Lula. Ese aspecto sería el punto de contagio y malestar.