El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica una revisión de procedimientos en licitaciones y otros asuntos administrativos, luego de detectar gastos excesivos y acuerdos con proveedores fijos, lo que ha provocado una discusión interna en el organismo respecto del momento adecuado de hacer esta restructuración, en medio del proceso electoral en curso.

Por lo pronto, el organismo ya definió el mecanismo para renovar el parque vehicular, que fue una observación del Órgano Interno de Control (OIC), ente que advirtió inercias estructurales y un posible caso de corrupción en el arrendamiento, pues se optaba por la renta cuando los propios asesores contratados recomendaban la compra.

Los mandos administrativos del INE dijeron sobre las transacciones de 2019 a 2023 que sólo tenían una cotización viable a pesar de haber identificado 32 posibles ofertas, concluyó el OIC hace unos meses.

El INE reportó ayer la adquisición de vehículos para las 32 juntas locales y las 300 distritales, que a partir de marzo contarán con estas herramientas para realizar recorridos.

Al final, el organismo se inclinó por un esquema mixto de compra y arrendamiento: adquirió 513 camionetas pick up y rentó 460 automóviles compactos, así como ocho unidades SUV. Participaron ocho empresas en el concurso para compra y la ganadora firmó contrato por 243 millones, mientras el acuerdo de renta equivale a 221 millones para un servicio integral por dos años.

Así se garantiza transitar a un parque vehicular que cubra las necesidades institucionales y con costos representativamente más bajos, todo esto sustentado con los resultados obtenidos en la investigación de mercado, sostuvo.

Precisamente este último punto, los estudios de mercado, forma parte de otro debate, pues dentro del INE algunos señalan que es una vía para combatir las inercias de corrupción, mientras otros afirman que es parte de la causa de recientes atrasos, por ejemplo, en la dotación de uniformes o teléfonos para capacitadores.

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación, indicó que los dispositivos se habrán repartido antes de que concluya febrero y las prendas unos días más adelante, por ahí del 2 de marzo. En mochilas y gorras, añadió, vamos bien; en chamarras sí hay un retraso más notorio.

Expuso que la demora se explica en parte porque la Dirección de Administración ordenó hacer nuevos estudios de mercado, aun cuando no había tiempo para ello, por lo que el caso debe ser investigado para deslindar responsabilidades.

En opinión del consejero, frente a ese aprieto, Administración debió optar por las adjudicaciones directas, a fin de no atrasar elementos importantes como los uniformes, que es algo más que imagen, pues es un tema de protección de los capacitadores y supervisores.

–¿El INE debió esperar al término de las elecciones para cambiar procesos?

–El área administrativa pudo haber acelerado esos procedimientos y no lo hizo, no sé si fue por desconocimiento o porque van llegando. En todo caso, que esto sea un aprendizaje (los atrasos) y que se haga una investigación.