srael no ha conseguido derrotar a Hamas, pero en su loca carrera por acabar además con el pueblo palestino está forzando al mundo a vivir con niveles de violencia hasta hace poco confinados sólo a estados parias. Las acciones militares aparecen incluso como deliberadamente operadas a fin de golpear a la población civil. Un video que ahora se difunde en redes sociales muestra a Nethanyahu hace 20 años en una reunión donde anunciaba lo que ahora es realidad: a los palestinos hay que pegarles duro, dice ante las muestras de duda y asombro de quienes lo escuchan. Pero Israel sería criticado por todo mundo, por la ONU, acota una joven. No importa; y por Estados Unidos, añade otra persona. Ellos nos apoyan, la mayoría (de la población) nos apoya, responde. Ahora que el experimento está en curso, es claro que ha servido para complicar de manera grave el panorama, deslegitimar a Israel y sus demandas y generar un tono mundial que, como nunca, privilegia las soluciones violentas. Hoy tenemos una decena de países haciendo uso de sus respectivos poderes de fuego y de manera creciente. Hay un cambio radical en el tono internacional al que ya no puede responderse –como hace el gobierno mexicano– con solo declaraciones de neutralidad liberal. Con 85 acciones militares como respuesta a la muerte de tres de sus soldados que eran parte de un destacamento militar hostil a fuerzas locales, el poder militar estadunidense es ahora uno de los discursos preponderantes en esa región. Y en Estados Unidos reaviva sectores muy conservadores y tiñe las relaciones con otros países, con México especialmente. Ya se sabe, por ejemplo, de la iniciativa actual de legisladores y hasta de un candidato a la presidencia de ese país, de legalizar el uso unilateral de la fuerza militar en México –drones, misiles y bombardeos– para detener la agresión que se afirma constituye drogas como el fentanilo. Muestra del interés que más allá de los legisladores despierta el tópico, aparece recientemente un documento de fuente conservadora estadunidense que a partir de las experiencias de intervención militar contra México (desde aquellas contra Huerta y Villa) hace un análisis que si bien no llega a afirmar que con la legislación actual el gobierno estadunidense podría llevar a cabo una acción de ese tipo, tampoco le cierra definitivamente la puerta (https://www.lawfaremedia.org/article/using-force-against-mexican-drug-cartels-domestic-and-international-law-issues). Este es un ejemplo de cómo el clima guerrerista no tiene por qué detenerse en las fronteras ni circunscribirse a sólo ciertos temas específicos.

Por otro lado, en el interno mexicano, todo parece indicar que el caso Ayotzinapa no se aclarará en definitiva este sexenio. Si es así, el tema y la continuidad de la demanda de solución se dará entonces en el próximo gobierno, y esto tiene una histórica e importante implicación: que cuando en el sexenio de la presidenta Sheibaum, activista universitaria y científica, se cumpla, en 2029, el aniversario 100 de la inicial autonomía en la UNAM, habrá que recordar que también en esa misma fecha se cumple un siglo de represiones y muertes del Estado mexicano contra las y los jóvenes estudiantes de este país, porque fue en 1929, en Santo Domingo, donde se dieron las primeras palizas y violentas cargas de bomberos contra las asambleas, también balaceras contra estudiantes que marcaron desde entonces una política de hecho del Estado que siempre –habrá que decir ahora que también hasta la 4T– ha sido especialmente agresiva contra la movilizaciones y demandas de las y los jóvenes.

Y desde 1929 no ha habido sexenio en que no se golpee, encarcele, se dé muerte o se mantenga la desaparición no aclarada de estudiantes. Cambiar esto, en sí mismo es trascendental para la transformación del país y de las relaciones del Estado con el sector educativo, pero también para la mejora de las relaciones desde dentro y fuera de la sociedad, es comenzar a reducir la violencia. No hay transformación en educación y no hay transformación de la sociedad si no se empieza por ahí. Y un cambio de fondo implica también la revisión crítica de las leyes de educación que contradicen directamente –además de los derechos laborales de maestros y académicos– las demandas de derecho pleno a la educación, gratuita y sin la intervención de agentes de lucro privado para la evaluación discriminatoria y sesgada de instituciones, carreras, profesores, maestros, aspirantes.

Una revisión que deje a un lado la insistencia en que se comercialicen los centros de investigación de la educación superior; espacios que son patrimonio público del país y no fuente y factor de lucro. Es decir, Ayotzinapa fue la respuesta a demandas populares sobre la educación, por eso resolver es también dar un paso en la transformación pendiente y de fondo de la educación.

*UAM-X