n juez levantó la prisión preventiva a Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, permitiéndole llevar su proceso en prisión domiciliaria, con el pago de una garantía de 200 mil pesos, la colocación de un brazalete y la firma periódica en los juzgados. Para evitar el riesgo de que Winckler evada la rendición de cuentas por los ilícitos de los que se le acusa, el Ministerio Público veracruzano tuvo que cumplimentar una nueva orden de aprehensión.

La sentencia que habría relajado la custodia del ex funcionario resulta a todas luces aberrante si se considera que se le juzga por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro; que permaneció prófugo por casi tres años (de septiembre de 2019 a julio de 2022, cuando se logró su captura en Puerto Escondido, Oaxaca); que dispone de poderosas conexiones en el ámbito político, comenzando por la familia Yunes, de la que es amigo personal; así como la nimiedad de la garantía solicitada para el perfil del imputado y la gravedad de los delitos de los que es presunto responsable.

La benevolencia mostrada hacia Winckler constituye el más reciente episodio en una serie de procesos en que las fiscalías deben navegar contra corriente para mantener tras las rejas a personajes sobre quienes pesan fuertes evidencias de haber cometido delitos que van desde la defraudación fiscal hasta la desaparición forzada, pasando por narcotráfico, sobornos, lavado de dinero, quebrantos al erario, entre otros. Ayer mismo se dio a conocer que un tribunal federal aceptó revisar uno de los amparos promovidos por la defensa de Rafael Caro Quintero, por lo que está en suspenso la extradición del llamado capo de capos a Estados Unidos.

En octubre pasado, el segundo tribunal de apelación, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, absolvió del cargo de delincuencia organizada y ordenó la liberación inmediata de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, identificado como uno de los principales autores materiales de la sustracción de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Casarrubias permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano porque la Fiscalía General de la República mantiene otro proceso en su contra, pero la decisión de los magistrados debilitó los avances en el caso más emblemático de violación de los derechos humanos en el México contemporáneo. Lo relacionado con la Noche de Iguala conforma en sí mismo un expediente de la infamia judicial: sólo el juez Samuel Ventura Ramos ha liberado a 120 personas vinculadas con los crímenes de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y hasta la fecha desde los juzgados se sabotean los esfuerzos por esclarecer el paradero de los jóvenes. Otro tanto ocurre con criminales de cuello blanco como el litigante Juan Collado o el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quienes han sido beneficiados de manera sistemática por resoluciones que borran de golpe meses o años de indagatorias.

Sin duda, la tendencia del Poder Judicial a asumirse como garante de la impunidad en todo tipo de ilícitos, sobre todo cuando los involucrados pertenecen a la clase política que gobernó el país hasta 2018, poseen importantes recursos financieros, o aúnan ambas condiciones, representa uno de los mayores obstáculos a la restauración del estado de derecho y a la capacidad de las instituciones para brindar a los ciudadanos la seguridad física y patrimonial que nunca debería ser puesta en entredicho. Asimismo, la ausencia de voluntad de la Judicatura para enmendar los despropósitos de algunos de sus integrantes demuestra la necesidad de llevar adelante reformas legales e institucionales que devuelvan el decoro a los órganos de impartición de justicia.