Después de 22 años buscando justicia por el asesinato de su hija Lilia Alejandra García, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Norma Andrade, junto con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, lograron que el caso fuera admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

Con ello, el Estado mexicano tendrá que responder por la impunidad en la que permanece el feminicidio, con sólo un hombre detenido desde 2018, a quien no se le ha logrado comprobar su participación en los hechos, aseguraron los abogados, quienes destacaron que este es el tercer caso que llega a este tribunal relacionado con asesinatos de mujeres, pues ya hay sentencia por el del Campo Algodonero y la defensora Digna Ochoa, ambos ocurridos en 2001.

Espero que el caso sirva para que mi hija tenga justicia, pero también para que el Estado le garantice a todas las jóvenes del país el poder salir a las calles, a los bailes, en paz, vestirse como quieran y saber que podrán regresar a sus casas, expresó Norma, en conferencia de prensa.

Señaló que la justicia para su hija y su familia no se dará por iniciativa del Estado mexicano, pues para que éste resuelva los asesinatos de nuestras jóvenes, los feminicidios de mujeres, tiene que estar obligado.

Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, recordó que Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando tenía 17 años de edad. Salió a trabajar y ya no regresó a su casa en la que vivía con sus dos hijos.

Refirió que a pesar de que desde ese momento Norma denunció la desaparición, las autoridades no la buscaron, ni siquiera cuando, el 19 de febrero de ese año, una persona notificó a la policía que una mujer con las mismas características de la víctima estaba desnuda por una calle, huyendo y que había un sujeto que la estaba jalando para introducirla en un automóvil. El 21 de ese mes, el cuerpo fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual.

La abogada expuso que durante estos años se logró preservar el material biológico que fue encontrado en el cuerpo, lo que permitió tener perfiles genéticos parciales de cuando menos dos de los agresores, y que uno de ellos también lo es de otras niñas que fueron asesinadas en Ciudad Juárez; es decir, estamos hablando de un tipo de criminalidad específica, de hombres que se han organizado para secuestrar, torturar y asesinar principalmente a menores.

Mencionó que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre el feminicidio de la hija de Norma, en el que resolvió que el Estado mexicano es responsable por no actuar con la debida diligencia en la investigación.