Con el voto en contra de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, se rechazó ayer en el Senado una reforma al artículo 123 constitucional que planteaba restituir en su empleo a policías, agentes del Ministerio Público y peritos federales, estatales y municipales que hayan sido destituidos de manera injustificada.

El dictamen pretendía garantizar también una indemnización y el pago de las prestaciones correspondientes a quien tuviera un fallo judicial definitivo a su favor.

El documento fue presentado ante el pleno en la sesión del martes pasado. Al ponerlo a votación obtuvo 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que la mesa directiva del Senado determinó que no existía el quorum constitucional establecido para continuar con su proceso legislativo.

Dado lo anterior, la discusión de esta reforma a la Carta Magna fue enlistada para la sesión de ayer, en la que recibió 43 votos a favor, 38 en contra y una abstención; es decir, no alcanzó la mayoría calificada requerida, razón por la que fue devuelta a comisiones.

La iniciativa plantea que en caso de separación injustificada se elimine la disposición vigente que obliga al Estado a sólo pagar una indemnización y demás prestaciones a que se tenga derecho sin que haya lugar en ningún caso a la reinstalación. Con la reforma se propone reincorporar al servidor público con efectos retroactivos.

La senadora del PAN Gina Andrea Cruz Blackledge consideró esta propuesta como un primer paso para mejorar las condiciones labores, las prestaciones y beneficios de quienes cuidan de todos nosotros.

Se deben realizar esfuerzos adicionales para que quienes se encargan de la seguridad en todos los rincones del país tengan una perspectiva de carrera, vivan protegidos y cuidados con sus familias, gocen de los derechos más amplios posibles y de la mayor protección por parte del estado, añadió.

Morena no dio debate y sólo se concreto a sufragar en contra, aunque trascendió que su rechazo se debió a que la reforma implica erogaciones de recursos en tiempos de austeridad y una alta litigiosidad en las instituciones judiciales.