En la gran mayoría de los asesinatos contra aspirantes a algún cargo político en México no hay amenazas previas contra las víctimas, por lo que es necesario que las autoridades diseñen un esquema de seguridad que no ordene proteger a los candidatos sólo cuando ya fueron intimidados con anterioridad.

Así lo indicaron los autores del informe Urnas y tumbas, quienes señalaron que la violencia política aumenta en marzo, durante el paso de las precandidaturas a las candidaturas oficiales, y ocurre sobre todo contra aspirantes a cargos municipales.

Durante la presentación del documento, ayer en El Colegio de México, el investigador Manuel Pérez Aguirre explicó que el estudio analizó los casos de 32 candidatos asesinados durante el proceso electoral de 2021, de los cuales 27 fueron hombres y cinco mujeres, con un promedio de edad de 45 años.

Uno de los principales hallazgos del informe, auspiciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y elaborado por un equipo de periodistas y académicos, es que 85 por ciento de las víctimas competían por cargos municipales y eran opositoras al alcalde en turno.

Estudio revela que en marzo despuntan los asesinatos

Por otro lado, se descubrió que en marzo repuntan los actos de violencia política, pues es en esa fecha cuando se hacen oficiales las candidaturas de los partidos, y que en 28 de los 32 homicidios analizados no hubo ninguna amenaza previa contra las víctimas, además de que fueron cometidos con arma de fuego y de manera fulminante.

Normalmente todos los mecanismos de protección se activan después de recibir amenazas. Necesitamos actualizarnos porque (la violencia) simplemente no avisa, y modificar la estrategia para saber qué vamos a hacer, recalcó Pérez Aguirre, quien calificó este rubro como un punto ciego de los esquemas oficiales de protección.

Se reveló que los homicidios contra candidatos ocurren de manera transversal a los partidos políticos, pues afectan a todos de manera muy parecida, y las reacciones de público son efímeras, ya que el tema genera mucha atención mediática durante una o dos semanas, pero después simplemente se difumina.

Ante ello, “la respuesta debe ser integral, porque la democracia está completamente en riesgo. Las instituciones de seguridad deben unir esfuerzos con otros actores para colaborar en ‘mesas de paz’, así como extender y actualizar los esfuerzos de la estrategia de protección en contexto electoral, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha sido relativamente exitosa”.

Martín Faz Mora, consejero del INE, destacó la gravedad de los ataques ocurridos sin una intimidación previa y prometió llevar este y otros puntos ante el Consejo General del instituto, porque si la amenaza es un criterio fundamental para determinar el nivel de riesgo de un candidato, estamos en un problema.