e ha planteado con razón que las 20 reformas propuestas por AMLO el pasado 5 de febrero constituyen la plataforma electoral que propondrá Morena para el periodo 2024-2030. Las reformas atienden aspectos de muy distinto nivel y profundidad. Son pertinentes, aunque de muy distinta relevancia, pero no puede considerarse que por sí mismas cubren las aspiraciones y compromisos de un eventual segundo gobierno de la 4T. Concentrando la atención en aquellas reformas con impacto económico, particularmente en las finanzas públicas, es claro que se requiere plantear la manera en la que se financiarían.
Garantizar las pensiones a los adultos mayores, aceptando que se reduzca la edad para recibirla, demandará recursos públicos. Lo mismo ocurre con las becas a los jóvenes para capacitarlos en el trabajo, que se propone llevarlas al nivel del salario mínimo. La garantía de ofrecer servicios de salud a la población sin seguridad social y el proyecto de financiar la adquisición de sus viviendas a los trabajadores tendrán que financiarse con cargo a la hacienda pública. Otra reforma importante es la pensión mínima garantizada, a la que se ha asignado un fondo semilla de $64 mil millones. Su costo requiere un estudio actuarial que documente el impacto a mediano y largo plazos para las finanzas públicas.
Otras reformas proponen la posibilidad de usar recursos que actualmente se destinan al pago de las remuneraciones de servidores públicos del Poder Judicial. También se propone usar los recursos resultado de la eventual eliminación de órganos autónomos (Cofece, IFT, Coneval, INAI, las comisiones nacionales de Hidrocarburos y Energía, etcétera), junto con 16 órganos desconcentrados, lo que agregará recursos al fondo para cubrir los requerimientos de recursos públicos, además de los provenientes de limitar la remuneración presidencial a 73.04 veces el valor anual de la UMA. Todos estos recursos suman una cantidad importante, pero claramente insuficiente.
Para atender esta evidente insuficiencia es necesario incorporar reformas adicionales que permitan, por un lado, el ingreso de recursos frescos a la hacienda pública y por otro limiten aspectos relevantes del gasto público. En cuanto a lo primero, es indispensable proponer una reforma fiscal que aumente la tasa máxima de tributación a niveles comparables con las de nuestros socios comerciales y con países de similar tamaño al nuestro. Junto con esta reforma se requiere revertir la reforma neoliberal a la ley orgánica del Banco de México (BdeM) que le instauró un mandato fundamental: la estabilidad de precios.
La posibilidad de proponer una reforma fiscal está planteada desde el momento en que la victoria de la 4T en los comicios presidenciales parece clara. Morena se ha planteado incluso la meta de lograr, junto con sus aliados, una mayoría calificada en las dos cámaras. Esta amplia mayoría que documentaría el amplio respaldo electoral a la 4T, le permitiría resolver el tema eléctrico y la desaparición de los organismos autónomos y los órganos desconcentrados. Le permitiría hacer también una reforma tributaria que, hay que insistir, equipare tasas y progresividad a la de países socios.
El otro asunto importante es el BdeM. El gobierno de AMLO ha sido respetuoso del mandato legal del banco central, lo que es correcto dada la legislación vigente. Lo que no consideró adecuado fue modificar ese mandato legal. Una mayoría parlamentaria calificada le permitiría incorporar, como otros bancos centrales lo tienen, entre ellos la Reserva Federal estadunidense, el mandato dual. Se trataría de llevar a la ley orgánica del BdeM la obligación de considerar el impacto sobre el crecimiento económico y la creación de empleo en las decisiones de política monetaria. El otro pilar neoliberal de la ley, la autonomía, se mantendría intacto, poniendo de relieve el reconocimiento que la manera en la que actúa el banco central queda en sus propias manos.
Estas dos reformas constitucionales adicionales aumentarían los ingresos tributarios, lo que permitiría enfrentar las dificultades en las finanzas públicas que se vivirán en 2025, luego de cerrar 2024 con un déficit de 5.2 por ciento del PIB, y financiar las reformas que social y políticamente se considera necesarias en lo proyectado para la segunda administración de la 4T. Alinear la política monetaria con la fiscal, garantizaría que el costo de la deuda pública en pesos no se incrementara a consecuencia de que la junta de gobierno del BdeM decidiera elevar las tasas de interés de referencia.
Habría otros aspectos a considerar en la formulación del proyecto económico de un posible nuevo mandato de Morena para dirigir al país. Sobre ellos escribiremos en siguientes entregas. Pero los dos anotados son decisivos en dar espacio en las finanzas públicas para que los programas sociales corregidos y aumentados puedan financiarse sanamente.
