Chilpancingo, Gro., La fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, solicitó al Congreso del estado una licencia de seis meses sin goce de sueldo, y en su lugar asumirá como encargado de despacho el vicefiscal de investigación, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

La funcionaria adujo asuntos de carácter personal y familiar que requieren mi atención.

Guerrero enfrenta una creciente crisis de violencia e inseguridad, con agresiones y asesinatos de transportistas en Acapulco, Taxco y Chilpancingo, lo que ha llevado al gremio a suspender actividades.

Valdovinos puntualizó que una vez que desaparezca la causa de la presente solicitud, continuaré desempeñando el cargo.

La funcionaria es teniente del Ejército Mexicano y asumió el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 28 de diciembre de 2021. En dos años al frente de la institución se ha visto inmersa en polémicas; incluso se ha mencionado que su relación laboral con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha sido lo que se esperaba y han tenido rencillas.

En su gestión se han cometido varios atentados contra personal de la fiscalía, entre ellos la ejecución del teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras en Coyuca de Catalán, en septiembre pasado. El funcionario tenía apenas dos días en el cargo de fiscal regional en la Tierra Caliente.

En enero, dos agentes de la FGE fueron secuestrados en el municipio de Pilcaya, en la zona norte del estado; días después los encontraron muertos en el poblado de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón.

El primero de febrero, cuatro integrantes de una familia indígena nahua fueron hallados sin vida a un costado de la carretera Chilapa-Tlapa; desaparecieron el 19 de enero en el municipio de José Joaquín Herrera. Sus integrantes solicitaron reiteradamente la intervención de la fiscalía, pero nunca los atendieron.

Además, la ahora fiscal con licencia enfrenta una demanda de juicio político que presentaron trabajadores despedidos de la FGE.

Fuentes oficiales aseguraron que son más de 500 solicitudes presentadas por ex agentes del Ministerio Público, agentes de la policía ministerial, peritos, ex fiscales regionales y ex trabajadores administrativos.