Madrid. Los agricultores de Cataluña intensificaron sus protestas después de unos días de tregua, cuando lograron entrar a Barcelona y mantener reuniones con las principales instituciones de la comunidad autónoma.

La Unión de Pageses, que agrupa a la mayoría de trabajadores del campo, se movilizó con sus tractores y bloqueó carreteras, además de obstaculizar la circulación en el principal mercado de abastos de Barcelona, Mercabarna, y del Puerto de Tarragona. El gobierno español decidió reunirse con los representantes de la movilización para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro nacional indefinido en curso.

El sector primario catalán, al igual que en el resto de España, sigue movilizándose y reclama poner fin a lo que llaman la competencia desleal de productos que no cumplen con los estándares europeos y la reciprocidad en las relaciones comerciales sobre el uso de fitosanitarios, medicamentos y medidas veterinarias, y condiciones ambientales.

Sólo en Cataluña, donde se reportaron las protestas más importantes de la jornada, los tractores se desplazaron hasta Mercabarna procedentes de varias comarcas agrícolas, como el Bajo Lobregat y Anoia, mientras los que se dirigieron al Puerto de Tarragona procedían de los municipios agrícolas de esa provincia y de las Tierras del Ebro.

Además de las protestas en Cataluña también hubo cortes de tránsito en las provincias de Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz, Zaragoza, Burgos, Soria, Valladolid y Madrid, entre otras.

El ministerio español del Interior informó que desde el principio de las protestas 33 personas han sido detenidas y 3 mil 176 multadas.

En Italia, el gobierno aprobó medidas de reducción fiscal para neutralizar la protesta de los agricultores, al anunciar que firmó un pacto para desbloquear alrededor de 200 millones de euros para el sector, la reducción de 50 por ciento del importe del impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de que se incluirá una enmienda en el decreto de ley sobre prórrogas normativas y obligaciones fiscales, que deberá pasar por el Parlamento.