Xalapa, Ver., Familiares de ciudadanos desaparecidos tramitaron un amparo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación con sede en esta capital, ante las inconsistencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del cual han sido borrados datos claves para la localización de individuos ausentes o, en el peor de los casos, se ha dado por encontrados a sujetos cuyos paraderos aún se ignoran.

Olga Lidia Salazar, integrante del colectivo Buscando nos Encontramos, del municipio de Córdoba, dijo que se ampararon porque borraron algunos datos de nuestros familiares del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no aparece la información de nuestros desaparecidos o aparece como confidencial, y sabemos que para que haya una buena búsqueda no puede ser así, debe ser una búsqueda pública, abierta a los ciudadanos, para tener buenos resultados.

La activista, quien busca a su hija Marion Ivette Sampayo Salazar, quien fue vista por última vez el 14 de enero de 2011, explicó que a partir de que el gobierno federal hizo una revisión al registro y recortó la cifra de 110 mil ausentes a sólo 12 mil 377, comenzaron a detectar una serie de inconsistencias.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su momento que no se borró a nadie, Salazar sostiene que una vez que se hizo este anuncio en la mañanera, empezamos a buscar y nos dimos cuenta de estas anomalías. Muchos de nuestros desaparecidos no aparecen, y el gobierno dice que, según el censo de las vacunas contra covid-19, ya están en casa, lo que no es cierto, porque existen homonimias.

▲ Madres de víctimas de desaparición forzada promovieron ayer un juicio de amparo en el Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que los datos de sus familiares fueron borrados.Foto Cuartoscuro

Sobre esto último, explicó: El gobierno dice que hay personas vacunadas con el nombre de nuestros familiares, pero no pueden dar por hecho que por eso nuestros parientes están en casa, porque hay homónimos, o si ellos (las autoridades) aseguran que ya fueron localizados, que nos digan dónde están.

Iuvinani Ramírez Sáinz, abogada que acompaña a las familias, dijo que se recurrió al amparo porque la falta de datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas violenta los derechos humanos de los familiares y de los propios ausentes.

El Estado tiene la obligación de promover, proteger y salvaguardar los derechos de estas personas. A escala nacional ya son más de 300 amparos presentados en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Puebla y el estado de México, por mencionar algunos, afirmó Ramírez Sáinz.