ecientemente, el Poder Ejecutivo federal ha enviado al Congreso de la Unión, un conjunto de reformas constitucionales que han acaparado el debate nacional, suscitando todo tipo de análisis, posturas, críticas a favor y en contra, donde esto pareciera extraordinario en la vida de una República democrática; por lo anterior, creo que es muy oportuno recapacitar sobre este hecho que ha eclipsado el debate nacional, tanto así, que pareciera que es muy probable que esa fuera la intención del titular del Poder Ejecutivo federal.

En primer lugar, es preciso, por obvio que parezca, señalar que la atribución de enviar iniciativas al Poder Legislativo por parte del Presidente es inherente a su cargo como lo es del Poder Legislativo recibirlas, analizarlas y votarlas a favor y/o en contra; además el propio Poder Legislativo también cuenta con la capacidad de iniciativa. No obstante, ello hoy múltiples análisis cuestionan el que el Ejecutivo federal lo haya hecho en este momento.

Hoy, el conjunto de reformas aparentemente de gran calado es en la mayor de las probabilidades, temas que el Ejecutivo federal ya había intentado o bien son lugares comunes que en la argumentativa de recurrir a la historia quisiera dejar como el legado de la recuperación de nuestra Constitución en diferentes premisas que contenían las constituciones de 1857 y 1917 momentos de nuestra historia por cierto muy distintos a los que hoy es nuestra nación.

Aprovecharé este espacio para poner, a manera de ejemplo, la oportunidad que puede generar este debate de las tantas iniciativas presentadas por el Presidente.

En materia de pensiones el verdadero debate debería ser desentrañar el alcance de su objetivo, no así su intencionalidad política, sino, por el contrario, que a partir del debate que desató este hecho y en medio del proceso electoral más grande de nuestra historia contemporánea, pongamos sobre la mesa qué Constitución y normas necesitamos para que nuestra nación en la segunda década del siglo XXI persiga y consiga elementos que detonen nuestro desarrollo con seguridad, equidad y justicia.

México hoy es un país con más de 130 millones de personas con un amplio sector de gente apta para trabajar por más de 40 años y con una esperanza de vida de más de 75 años; ante este dato frío y duro, ¿cuál es la reforma en materia de pensiones que necesitamos? Donde aprovechemos al máximo nuestro bono demográfico insertos en la zona económica que cuenta con todos los elementos para que junto con Estados Unidos de América y Canadá se convierta en la zona más apta para generar bienes y servicios hacia todo el mundo. ¿Cuál es nuestra alternativa financiera viable para tener un sistema de pensiones justo y con los incentivos reales apostándole a la productividad? ¿Qué debemos hacer para que en un esfuerzo tripartita del sector público, obrero y patronal se generen los mecanismos para pensiones mejor ­remuneradas?

Si hablamos de integración económica entre los tres países del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte con amplios núcleos de población y con procesos migratorios complejos por asimetrías económicas, es preciso ampliar el debate y qué mejor momento ahora que está en la arena electoral decidir qué es lo mejor para nosotros.

El debate deber de ir más allá, no sólo a plegarse a tal o cual reforma por tratar de quedar bien con el electorado, sino de verdad establecer un debate de expertos y de poner en la mesa no sólo de hacerlo bien sino de cara al futuro poner a prueba a aquellos que nos quieren representar en cargos decisivos para estas acciones en lugar de retos de debate que más bien parecen coyunturas oportunistas a ver quien sube o baja en las encuestas.

Exijamos un debate útil e inteligente. El momento es el oportuno y lo vale. Es nuestra mejor oportunidad, en lugar de criticar por criticar a quien en uso de sus facultades lo propuso. Vivimos en democracia y de eso se trata.

Es tiempo de darnos cuenta, exigir un examen minucioso de lo que queremos y de lo que necesitamos. Hoy es el tiempo de alzar la voz ciudadana para pedir un debate con altura de miras en el que la oferta política sea la que requerimos y vincule y obligue a quienes en su momento obtengan la representación que persiguen y nos cumplan por el bien de nuestro país.