a sobresaturada localidad palestinas de Rafá, en el sur de la franja de Gaza, espera con angustia la anunciada incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). Unos 2 millones 300 mil personas se hacinan en una ciudad que tenía hasta hace unas semanas una población de 280 mil, padecen la escasez de todo –agua, comida, electricidad, vivienda, servicios médicos–, mientras el régimen de Tel Aviv las conmina a abandonar el sitio, por más que evidentemente no tienen adónde ir: el resto de Gaza es blanco de bombardeos y la frontera con Egipto está cerrada. La propia Rafá ha sido blanco en múltiples ocasiones de ataques aéreos y terrestres que han matado a un elevadísimo número de civiles –44, sólo ayer, 12 de ellos, niños– y las dependencias de la ONU que todavía mantienen personal en Gaza han alertado sobre la inminencia de una tragedia aun mayor que la que han padecido los gazatíes en poco más de cuatro meses de la ofensiva israelí.

La masacre en curso, perpetrada a la vista de todo el mundo, ha llevado al gobierno egipcio, tradicionalmente obsecuente ante los crímenes de guerra de su vecino, a amenazar con la suspensión de los tratados de paz de Camp David entre El Cairo y Tel Aviv si se concreta la ofensiva sobre Rafá; se trata de una advertencia grave, si se considera que Egipto e Israel se enfrentaron en la segunda mitad del siglo pasado en cinco guerras consecutivas, y que una toma de posición firme por parte del régimen de Abdel Fatah Sisi podría llevar a otros países árabes e islámicos a reagruparse en un frente antisraelí.

Sin embargo, no son los vecinos árabes de Israel los que tienen la capacidad y la fuerza para detener el genocidio que está siendo perpetrado en contra del pueblo palestino.

El único gobierno del mundo capaz de parar la barbarie y ordenar al de Tel Aviv que deje de avanzar sobre Rafá es el de Estados Unidos.

En efecto, Washington ha sido y es el principal proveedor militar de las IDF, su fuente de financiamiento y su paraguas diplomático. Bastaría con suspender todo ese respaldo e imponer algunas sanciones económicas contra Tel Aviv para que el régimen de Benjamin Netanyahu se viera obligado no sólo a suspender el asalto a Rafá, sino a retirar sus fuerzas de Gaza y aceptar la única solución posible para la tragedia que viven tanto palestinos como israelíes desde hace más de siete décadas: la conformación de un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental. Más aún, la Casa Blanca tiene la influencia necesaria para alinear a los gobiernos de Europa occidental en apoyo a un programa semejante.

Ayer, la presidencia de Joe Biden expresó a Netanyahu que un operativo militar en Rafá no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y realizable que garantice la seguridad y el apoyo a las más de un millón de personas que se encuentran allí, una condición a todas luces irrealizable. Las dimensiones de la barbarie perpetrada por Israel en Gaza son una más que sobrada justificación para que la Casa Blanca adopte ya una postura clara e inequívoca de rechazo al exterminio de palestinos y obligue a los gobernantes de Tel Aviv a abandonar su estrategia de tierra arrasada y limpieza étnica en los territorios palestinos e interrumpir un operativo que recuerda de manera inevitable al que aplicaron los nazis en el gueto de Varsovia. La oficina oval tiene la capacidad de impedir que una atrocidad semejante se repita en pleno siglo XXI y, si no lo hace, será corresponsable de ella.