urante los últimos años, en América Latina se ha vivido un retroceso en materia de derechos humanos, sustancialmente por el avance de la ideología de ultraderecha y de quienes la hacen posible mediante políticas y programas gubernamentales. Históricamente, los gobiernos de izquierda suponían esa alternancia en la perspectiva y promoción en la búsqueda de justicia y condiciones de vida más dignas para todas, todes y todos. Sin embargo, política y socialmente se ha retrocedido en ese ámbito y, peor aún, se han simulado acciones bajo el nombre de gestiones administrativas transformadoras cuando de fondo se vislumbran algunas intenciones contrarias a los intereses del pueblo y a los derechos fundamentales.

Estos actos se han gestado a través de creación o desaparición de entidades gubernamentales; reformas legislativas y financieras; formación de bloques políticos afines al partido o persona gobernante dentro de los poderes de gobierno, y limitación del ejercicio de derechos humanos, entre otros. Si los cambios legislativos promovidos por gobiernos de alternancia suelen encaminarse a fortalecer la institucionalidad y la democracia dentro de los países debido a los rezagos o retrocesos generados por las administraciones pasadas, ¿qué sucede cuando el gobierno en turno impulsa transformaciones que, en lugar de promover y garantizar derechos humanos, retrocede? El paquete de reformas presentadas por el Presidente de la República el pasado 6 de febrero contiene más de 15 iniciativas legislativas en aspectos que no sólo conciernen a las dependencias gubernamentales, sino a la ciudadanía. Algunos de los temas referidos son: el derecho a la alimentación, ambiente sano y al agua; protección y cuidado de animales; simplificación orgánica; derecho a la salud en atención médica; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; asuntos electorales; Guardia Nacional; salarios y pensiones, y organismos autónomos, entre otros.

Si bien, algunas de estas propuestas pueden significar avances en el acceso a oportunidades para mejorar la calidad de nuestras vidas, aún quedan vacíos y huecos normativos sustanciales para favorecer la voz de la sociedad. Asimismo, se pone en riesgo mucho del progreso de los derechos humanos en el país, principalmente los relacionados en materia político-electoral, transparencia, rendición de cuentas y organismos autónomos. Estos últimos tres cambios son alarmantes porque ponen en peligro la democracia en términos de participación política, legitimidad social y lógica de gobierno abierto que se había luchado con las últimas administraciones federales. En cuanto a los organismos autónomos, es importante mencionar que surgen en la búsqueda de la democratización en México; la ciudadanía y la sociedad civil organizada lucharon para tener mayor participación e involucramiento en los procesos gubernamentales. De igual modo, esta autonomía representaba condiciones que posibilitaran una perspectiva objetiva, imparcial y justa en el combate de las desigualdades estructurales ante la corrupción y la impunidad de las instituciones.

A pesar de ello, es necesario mencionar que mantener vivos los organismos autónomos no es sinónimo de eficiencia organizacional ni garantía de implementar adecuadamente su fin institucional, pues ellos se han debilitando institucionalmente por falta de presupuesto, personas acertadas y adecuadas al frente de ellas y por la desacreditación hacia el papel que juegan dentro de la democracia. Empero, si no hay organismos autónomos, ¿cómo se garantizará la independencia en los procesos de justicia, verdad y reparación integral para las víctimas? ¿Cuáles serán los contrapesos reales entre los poderes de gobierno y los mecanismos de participación ciudadana cuando los gobiernos cometan violaciones a derechos humanos? ¿Cómo se garantizarán los derechos al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas si, aun cuando existen entidades para garantizar esto, las administraciones ocultan y manipulan datos? ¿Cuál es la viabilidad y la sostenibilidad social, económica y política de estas propuestas? Como ciudadanía y sociedad civil organizadas, debemos de poner atención y seguimiento a las reformas impulsadas por el representante del Ejecutivo Federal y cómo es que se reglamentarán, pues estas últimas acciones pueden marcar retrocesos para la protección, ejercicio y garantía de los derechos humanos.

Aunado a ello, se pueden generar candados legislativos que, en el peor de los escenarios, podrían dejarnos sin voz ni participación civil ante los gobiernos próximos; sobre todo, que la paz y la justicia se conviertan en utopía para quienes aún no tienen una vida digna.