Este día se cumplen 12 años de que se modificó el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho humano al agua, con un apartado transitorio que establecía para un año después la promulgación de la Ley General de Aguas, pero el Congreso no la ha emitido. Y a su tarea de legislar en la materia, ahora se suma la iniciativa para evitar la entrega de concesiones en zonas de escasez del líquido, enviada esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde 2012 ha habido diversos intentos por emitir la Ley General de Aguas, está el caso de la denominada ley Korenfeld en el sexenio pasado que impulsaba la privatización del líquido, y ahora en el Senado hay una iniciativa de Morena que propone la planeación del sector con el consenso de diversos sectores, entre ellos los pueblos indígenas. Además, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que había omisión del Legislativo en la elaboración de la ley.

Quienes han pretendido que el abusivo régimen de concesiones quede inalterado, impidiendo que se expida la Ley General de Aguas, deben sentirse muy satisfechos con la omisión del Legislativo. Con la nueva ley se tendría que transformar a fondo ese régimen de concesiones para dar condiciones de un acceso equitativo y uso sustentable del agua, así como presentar las disposiciones de carácter general para estados y municipios. Así se podría definir que los servicios públicos de agua y saneamiento no pueden privatizarse, indicó en entrevista Miguel Ángel Montoya, quien como asesor parlamentario participó en el proceso del cambio constitucional de 2012.

Sobre el proyecto enviado el lunes por el presidente López Obrador para modificar el artículo cuarto constitucional a fin de priorizar el consumo doméstico por encima de cualquier otro en zonas de escasez, Montoya consideró que se trata una disposición que ya está presente en la Ley de Aguas Nacionales, a través de los decretos de veda y zonas reglamentadas.

El problema es que quien tiene el privilegio de contar actualmente con una concesión tiene el derecho irrestricto al acceso al agua hasta por 30 años con derecho a prórroga, no requiere tramitar una nueva concesión y puede gozar de ella casi a perpetuidad, dijo.

En los argumentos de la reciente iniciativa de reforma constitucional se recuerda que en 1992 se estableció la Ley de Aguas Nacionales que abrió la posibilidad de que la iniciativa privada y empresas mineras trasnacionales incursionaran en el aprovechamiento y distribución del agua, transformó su carácter de bien hídrico en un recurso con valor económico que se incorporó al mercado. Señala que datos de la Conagua indican que México se encuentra en una situación de estrés hídrico alto y 66 por ciento de las concesiones del líquido se ubican en acuíferos sin disponibilidad.